La Audiencia Nacional ha condenado este martes a penas que suman 23 años de cárcel a ocho de las nueve personas, entre ellas dos miembros del 'clan de los Paturros', que fueron detenidas en diciembre de 2016 en Valladolid con moneda falsa que pretendían distribuir en Navidad, merced a un acuerdo que se ha traducido en una sustancial rebaja respecto de los 71 años de privación de libertad que inicialmente pedía para ellos el fiscal.

Aunque ya el lunes los ocho procesados confesos ya habían dado su plácet al acuerdo con el fiscal, la confirmación de la rebaja pactada se ha producido este martes durante la segunda jornada del juicio que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Nacional, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El único que no ha entrado en el acuerdo ha sido un noveno acusado, el también 'Paturro' Antonio J.G, alias 'Borja', que ha mantenido su inocencia y se ha jugado a una carta su futuro, ya que por una de sus caras figura la posible absolución, como así ha solicitado su defensa, y por la otra 'pintan' los diez años y medio que la acusación pública ha solicitado para él junto con una multa de 90.000 euros por delito de falsificación de moneda y pertenencia a grupo criminal.

Los que sí han pactado son el matrimonio 'Paturro' compuesto por Alfredo M.L. y Rosa y J.B, suegros del anterior, condenados finalmente a cinco años de cárcel y multas de 90.000 euros, frente a los 13 y 11 años, respectivamente, que el fiscal les pedía inicialmente, así como Fidel G.P, con una condena idéntica a los anteriores-le pedían también 13-.

Los otros cinco que también se han reconocido autores de los hechos y que, al igual que los anteriores, se les ha aplicado la atenuante muy cualificada de confesión, Vicente C.J, Rebeca L.L, José F.H, Juan F.S. y Héctor E.C, han visto rebajadas sus condenas de cinco años y nueve meses a tan solo diecinueve meses de privación de libertad, con distintas multas de entre 100 y 1.100 euros.

El acuerdo mantiene en libertad provisional a todos excepto Alfredo M.L. y Fidel G.P, que continuarán en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza.

Las investigaciones se iniciaron en 2016 cuando se tuvo conocimiento de que circulaban cierto tipo de billetes falsos en España de 10 y 20 euros. Inicialmente se comprobó que habían sido puestos en circulación en establecimientos comerciales de Valladolid y otras localidades limítrofes.

Una vez obtenidos los primeros datos sobre el origen de las falsificaciones, la labor de los investigadores se centró en identificar a los responsables de su elaboración y a los distribuidores y la investigación llevada a cabo permitió a los agentes descubrir que quienes elaboraban la moneda falsa eran los miembros de un conocido grupo familiar del que se disponía información sobre su participación en actividades de narcotráfico, relativas a la prostitución y falsificación de moneda.

Al frente de esta trama, la acusación pública sitúa a Alfredo M.L. (alías 'Colorao' o 'Rojo'), quien contaba con un circuito cerrado de video vigilancia en su domicilio y con un 'centinela' que controlaba las inmediaciones de su vivienda.

Durante la investigación se fueron descubriendo las identidades de los supuestos componentes del grupo criminal, entre ellos la mujer del anterior, Rosa J.B; su yerno, Antonio J.G. ('Borja'), así como del también acusado Vicente C.J. ('Piececitos' y 'Fabi') y del autor material de las falsificaciones, Fidel G.P, que actuaba a demanda del principal investigado y que cobraba una cantidad previamente pactada por cada lote falsificado.

EL MÉTODO DEL 'GOTEO'

Cuando el falsificador tenía preparada la cantidad de billetes solicitada, el líder de la organización enviaba a alguien para recogerlos y entregarlos a los pasadores, que los distribuían en comercios mediante el método del 'goteo', entre los que la acusación pública incluye al resto de los acusados, Rebeca L.L, Héctor E.C, José F.H. y Juan F.S.

Asimismo, los agentes de la Policía observaron una serie de movimientos de los miembros del grupo criminal que hicieron sospechar que estaban concluyendo una producción de billetes falsos, por lo que se coordinó un dispositivo que contó con la colaboración de 120 agentes, incluida la presencia de agentes del GEO, para registrar

los domicilios en los que sus moradores poseían armas de fuego.

En el registro de la vivienda del falsificador se encontraron desmontados todos los elementos de la imprenta clandestina, preparados para cambiarlos de lugar por motivos de seguridad.

Este laboratorio de falsificación contaba con diversas impresoras que permitían un alto nivel de producción-con el tiempo habían perfeccionado la calidad de las falsificaciones con diferentes técnicas para simular lo elementos de seguridad de los billetes-y materiales para la fabricación de más de 60.000 euros en moneda falsa. También se localizaron restos de recortes de billetes ya elaborados.

En el domicilio del cabecilla se intervinieron 50 billetes de 10 euros falsos exactamente iguales a los elaborados en la imprenta, donde se aprehendieron otras 40 unidades. En otra de las viviendas registradas se localizaron 2 kilogramos de marihuana, medio de cocaína y dos pistolas con su correspondiente munición.

La investigación fue desarrollada por agentes de la Brigada de Investigación del Banco de España adscrita a la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Castilla y León, del GEO y del GOIT.