Theresa May
La primera ministra británica, Theresa May. EFE/ Facundo Arrizabalaga

Un informe elaborado por la Comisión Asesora de Migración (MAC) ha recomendado al Gobierno británico que tras el brexit no dé preferencia de entrada a trabajadores de la UE frente a los de otras zonas del mundo y que plantee para todos los mismo requisitos.

Esto solo en el caso de que el asunto migratorio no forme parte de las negociaciones para el acuerdo de salida o de que, directamente, no haya acuerdo. "Si (...) el Reino Unido decide su futuro sistema migratorio en solitario, recomendamos que toda la inmigración sea gestionada sin acceso preferencial de los ciudadanos de la UE", explica el presidente de la MAC, Alan Manning, en el documento.

La comisión sugiere que esta política se aplique a partir de 2021, concluido el periodo de transición, y reconoce que supondría el fin de la "libertad de circulación" existente. Actualmente, un ciudadano francés, italiano o español pueden viajar al Reino Unido libremente (y viceversa) y buscar trabajo allí.

Según la normativa europea actual, de hecho, los ciudadanos de la UE tienen derecho a buscar empleo en otro país de la UE; trabajar en otro país sin necesidad de permiso de trabajo; residir en otro país por motivos de trabajo; permanecer en el mismo cuando hayan dejado de trabajar; y recibir el mismo trato que los ciudadanos de ese país".

El informe cita para respaldar su recomendación el ejemplo de Canadá, un país que, explica, está abierto a la inmigración pero que no tiene suscritos acuerdos de libertad de circulación con ningún país. Según The Guardian, el saldo migratorio en el Reino Unido entre enero y marzo fue de 270.000 personas, 28.000 más que el año anterior en el mismo periodo.

Pero, si se circunscriben los datos solo a migrantes de la UE, el dato cayó hasta los 87.000, la cifra más baja desde que los ciudadanos británicos votaron a favor del 'brexit' (junio de 2016). "El problema de la libertad de movimiento es que deja el asunto de la migración en manos de los inmigrantes, y los residentes no tienen ningún control, dice Manning.

Añadió que las recomendaciones del informe, que variarían si el Gobierno de Theresa May negociara algo diferente con Bruselas, están destinadas "a beneficiar a la población residente en el Reino Unido". El Ministerio del Interior, por su parte, ha asegurado que analizará el informe y ha reiterado que el Gobierno quiere que los ciudadanos de la UE sigan desempeñando un papel positivo en Reino Unido.

En el texto se argumenta asimismo que "el impacto de un inmigrante depende de factores como sus cualificaciones, empleo, edad y uso de los servicios públicos, y no de su nacionalidad". Y se recomienda que el Reino Unido facilite visados a trabajadores cualificados y los restrinja para los menos preparados; también propone que los estudiantes extranjeros no sean eximidos de las normas migratorias.

A seis meses de que acabe el plazo

Para elaborar su informe, la Comisión ha entrevistado a representantes de 400 empresas, asociaciones empresariales y departamentos gubernamentales.

La inquietud por la inmigración fue un tema clave en la votación a favor del brexit en el referéndum de 2016. La primera ministra, Theresa May, se ha comprometido a poner fin a la libertad de movimiento sin restricciones cuando Reino Unido abandone el bloque, pero hasta ahora ha dado pocos detalles sobre cuáles serán las reglas.

A falta de poco más de seis meses para el día de la salida, Reino Unido aún debe llegar a un acuerdo de divorcio con Bruselas. Si se llega a un consenso, Reino Unido y la UE han dicho que las personas seguirán pudiendo desplazarse, vivir y trabajar sobre la misma base que ahora hasta el final de un período transitorio en diciembre de 2020.