Cartel de la clínica de gestación por sustitución BioTexCom, en Kiev
Cartel de la clínica de gestación por sustitución investigada por "tráfico de menores", BioTexCom, en Kiev. A. L.

Las 300 organizaciones que forman la Red Estatal Contra los Vientres de Alquiler (gestación subrogada) reclaman al Gobierno español que actúe ante Naciones Unidas para frenar los intentos de legalización del alquiler de vientres a nivel internacional.

En una carta enviada a los ministros de Igualdad, Sanidad y Exteriores —Carmen Calvo, María Luisa Carcedo y Josep Borrell— el colectivo denuncia que "algunas agencias de la ONU están tratando de influir en los Estados y Gobiernos para la legalización del alquiler de vientres" en su modalidad de "altruista".

También reclaman la urgencia de "revisar las normativas de inscripción de estos menores" en el registro civil de España para no alentar el fraude de la ley y demandan la prohibición de los "anuncios publicitarios de esta industria", así como la clausura de las clínicas y agencias de intermediación, por considerarlos "instrumentos para conculcar derechos en terceros países".

Ante la celebración de la 73ª sesión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, del 18 de septiembre al 5 de octubre, la red pide que España lidere la lucha para frenar "cualquier intento de legitimar los intereses de la industria del alquiler de vientres en países de todo el mundo".

Los colectivos feministas denuncian que dos agencias de Naciones Unidas, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR), están trabajando para promocionar la legalización de la subrogación de tipo "altruista" en países de Asia.

Este colectivo, que forma parte de una red internacional, pedirá que el Gobierno español reclame en la Asamblea General de Naciones Unidas "un pronunciamiento público" contra la gestación por sustitución. La red defiende que esta práctica menoscaba "el derecho de las mujeres a la filiación" y vulnera el derecho de los menores "a conocer su origen". Y consideran que conlleva en la práctica "tráfico de menores" y "explotación de las mujeres con fines reproductivos".