El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) ha remitido este lunes a la Fiscalía el informe definitivo de la Intervención sobre las presuntas irregularidades en la contratación en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que no varía las conclusiones del provisional y mantiene las "incidencias contractuales" que éste detectó, aunque, según el Ejecutivo, sin que en ellas haya visos de corrupción.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento, a petición del PP, para hablar de las responsabilidades políticas sobre estas supuestas irregularidades.

Revilla, que ha explicado que ha recibido el informe definitivo el pasado día 13, ha defendido que la actuación del Gobierno regional (PRC-PSOE), ha sido "absolutamente impecable" "desde el mismo instante" que tuvo conocimiento de la supuesta existencia de presuntas irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Además, ha considerado que las responsabilidades políticas por estas "incidencias" ya han sido asumidos con las dimisiones del anterior gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y del subdirector de Gestión Económica del Servicio, Javier González.

Revilla ha señalado que ahora será la Fiscalía la que tendrá que dilucidar el alcance de las incidencias encontradas en la contratación, en las que, según ha dicho, no hay indicios de corrupción, ni "prestación de favores a nadie", ni perjuicio para la Administración o voluntad.

El presidente de Cantabria ha reconocido que, tras el informe de la Intervención, ha ordenado que "sin demora" se implanten "medidas correctoras" para evitar que este tipo de incidencias se vuelvan a dar, no solo en la contratación en el SCS sino en otros ámbitos.

Así, ha anunciado que el Gobierno va a desarrollar un plan para reforzar los controles en estos procedimientos.

Durante su comparecencia en el primer pleno del curso político, Revilla ha explicado que él y su Consejo de Gobierno tuvo conocimiento en abril de esas supuestas irregularidades por un medio de comunicación regional que publicó un correo electrónico que la jefa de Contratación, Inmaculada Rodríguez, remitió en febrero al entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil, con copia a la consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE), y a la secretaria general de la Consejería.

Revilla ha explicado que el mismo día en que tuvo conocimiento de

esas supuestas irregularidades pidió explicaciones a Real, que le reconoció que sabía del correo electrónico de la funcionaria desde febrero y le indicó que había pedido al gerente del SCS que investigara la realidad de lo que ésta relataba.

Sin embargo, Real le informó que Pérez Gil descartó la existencia de irregularidades y atribuyó la denuncia a la mala relación entre la funcionaria y el subdirector de Gestión Económica.

La comparecencia de Revilla ha sido seguida desde la tribuna de los invitados por los altos cargos del Servicio Cántabro de Salud, encabezados por su nuevo gerente, Benigno Cavieds.