Amnistía insiste en que el Gobierno deje de exportar armas a Arabia Saudí para no ser cómplice de crímenes de guerra

La ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión de Defensa del Senado.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión de Defensa del Senado.
Kiko Huesca / EFE
La ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión de Defensa del Senado.

Amnistía Internacional ha pedido este lunes al Gobierno español que cancele la venta de armas a Arabia Saudí para evitar "pasar a la Historia como cómplices de los crímenes de guerra de Yemen".

Ante la reunión interministerial para la aprobación de exportaciones de armas, prevista para el miércoles, la organización no gubernamental cree que España debería tomar una decisión de gran calado: suspender las transferencias de armas y equipo militar a Arabia Saudí.

"Tras más de tres años de devastadora guerra civil en Yemen, con miles de muertes de civiles y una lista de claros crímenes de guerra que no deja de crecer, no hay excusa posible para que España, o cualquier otro país, siga armando a la coalición dirigida por Arabia Saudí", indica en un comunicado el director adjunto del Programa de Asuntos Globales de la organización, Steve Cockburn.

El próximo miércoles el Ejecutivo decidirá sobre las licencias de exportación existentes con Arabia Saudí y la concesión de otras nuevas y Amnistía Internacional le ha solicitado que adopte un "enfoque basado en principios y respetuoso con la ley" y que suspenda todas las transferencias de armas que podrían "aumentar el terrible sufrimiento de la población civil yemení".

"Pedimos a España que sea un ejemplo para otros países y ponga fin a este vergonzoso capítulo de su historia. (...) El Gobierno debe dejar de autorizar exportaciones de armas a Arabia Saudí si no quiere arriesgarse a ser cómplice de crímenes de guerra", ha incidido la organización.

A juicio de la organización, cualquier otra medida que no sea la cancelación de los contratos "dará a entender inequívocamente que el Gobierno español se preocupa más de proteger sus intereses económicos que de las vidas de la población civil de Yemen".

Sin embargo, y según ha adelantado la Cadena Ser, el Gobierno tiene intención de mantener los contratos en vigor con Arabia Saudí, y no modificar sus condiciones.

El conflicto de las 400 bombas

El pasado 4 de septiembre, el Ministerio de Defensa anunció que iniciaba trámites para paralizar la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión láser del ejército español. Sin embargo, la decisión puso en peligro el contrato de Arabia Saudí para la compra de cinco corbetas a la empresa Navantia, cuyos trabajadores protagonizaron una oleada de protestas, y el Ejecutivo dio marcha atrás y decidió mantener la venta.

"El Gobierno sabe lo que está vendiendo, son láser de alta precisión y, por lo tanto, si son de alta precisión no se van a equivocar matando yemeníes", sostuvo la ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, el pasado viernes.

Amnistía Internacional ha denunciado que ese tipo de munición guiada de precisión se ha utilizado "con devastadores efectos en todo Yemen. Ha alcanzado hoteles, hospitales, pozos de agua, edificios de viviendas, fábricas y hace poco un autobús escolar, y ha dejado tras de sí un terrible saldo de víctimas civiles y destrucción de infraestructuras civiles".

La organización ha recordado que la ley española sobre exportaciones de armas prohíbe las transferencias cuando existan indicios racionales de que podrían utilizarse para cometer violaciones de derechos humanos. Según Amnistía Internacional, entre 2015 y 2017, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de 932 millones de euros y autorizó licencias por valor de 1.235 millones.

"Cada vez son más los países que se dan cuenta de que armar a Arabia Saudí y a la coalición que bombardea Yemen es incompatible con el derecho internacional y los principios humanitarios", ha añadido Amnistía.

En su entrevista en televisión este domingo, el presidente Pedro Sánchez se refirió al "dilema" que le ha planteado la venta de 400 bombas a Arabia Saudí, que, según las organizaciones de derechos humanos, se utilizarán en la guerra de Yemen, pero de las que, según indicó el presidente, dependía el contrato para la construcción de cinco corbetas militares en los astilleros de Navantia, en la Bahía de Cádiz.

"La política es muy compleja, es un momento en que uno tiene que priorizar y prioricé mantener las relaciones económicas y comerciales con Arabia Saudí y garantizar los puestos de trabajo en la Bahía de Cádiz y de Navantia", explicó en la entrevista.

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