Según indica IU en una nota, dicho centro se ha visto afectado durante el arranque del curso por la "falta de cocineros", lo que, "además de generar incertidumbre entre los padres de estos menores con necesidades especiales, también ha conllevado una respuesta torpe por parte de la administración autonómica solicitando un servicio privado para cubrir la baja laboral, en lugar de recurrir a un contrato público".

La pregunta que lleva IU al Parlamento, dividida en dos partes, pretende "arrancar" al Gobierno andaluz "una respuesta acerca de si la Consejería de Educación tiene actualmente alguna propuesta en materia de defensa de los servicios públicos educativos y del empleo público que no sea el progresivo avance en el proceso de privatización".

Del mismo modo, también se pregunta si existen mecanismos que garanticen con celeridad el proceso de sustitución de empleados públicos que causan baja médica con otros empleados públicos y se plantea saber "¿qué justifica el proceso de privatización de los puestos públicos?"

En la exposición de motivos de la pregunta, IULV-CA sostiene que el curso escolar se ha iniciado en la provincia de Huelva con "un avance en los procesos de privatización en el personal no docente que presta servicios en los centros educativos públicos de la provincia".

Así, apunta que, en este curso son más las personas que trabajan en empresas privadas prestando servicios educativos complementarios -973 trabajadores- que las que lo hacen como empleados públicos, un total de 941 trabajadores.

Para la formación de izquierdas, "cualquier proceso de privatización empieza por el deterioro intencionado de la prestación pública del servicio". En el colegio público de educación especial 'Sagrada Familia', en el que estudian niños con necesidades educativas especiales, el servicio de comedor forma parte del currículo educativo y, por tanto -agrega IU-, "es de obligatoria prestación".

Desde IU indican que "la baja sobrevenida el día 3 de septiembre de la cocinera de este colegio no va a ser cubierta en un plazo de 25 días" y "la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva no ha encontrado otra solución que la contratación de personal de una empresa privada, a pesar de que en Huelva actualmente existen 88 plazas de empleo público que están vacantes y sin cubrir".

Para los parlamentarios de Izquierda Unida, "queda constatado por tanto que la administración andaluza no encuentra otra solución a la garantía de prestación de servicios educativos que la privatización de los mismos".