Vivienda en la aldea El Calabacino, en Alájar (Huelva).
Vivienda en la aldea El Calabacino, en Alájar (Huelva). PODEMOS/Archivo

En declaraciones a Europa Press, el delegado de Medio Ambiente, José Antonio Cortés, ha precisado que el objetivo es que "las edificaciones que cumplan con la ley se regularicen urbanísticamente" y sean incluidas en el citado plan de la localidad, en cuya aldea viven más de un centenar de personas.

Cabe recordar que el hábitat rural diseminado es una figura que se diseña con el fin de dar respuesta a la existencia de asentamientos dispersos de carácter rural, ligados, en su origen, a ciertos procesos relacionados con las actividades agropecuarias.

El siguiente paso, ha explicado el delegado, es elaborar un plan especial en esta zona para detallar cómo se puede actuar, qué tipo de construcciones o qué tipo de materiales, con el fin de que todas las edificaciones estén normalizadas y con similares características. "La Junta le va dar una solución al problema urbanístico pero las viviendas se tienen que adaptar", ha precisado Cortés.

El delegado ha dejado claro que las que están en el núcleo principal de El Calabacino "no tienen problemas" y en el mismo pueden vivir unas 40 personas de manera estable, más los que suelen pasar el fin de semana en la aldea.

"Estamos intentando solucionar la situación del mayor número de viviendas pero no todas las existentes entrarían en el hábitat rural diseminado", ha asegurado José Antonio Cortés, quien ha recordado que alrededor de la veintena de las construcciones tienen abiertos expedientes por distintas irregularidades como la falta de licencia o la ubicación en suelo no urbanizable. Al respecto, ha asegurado que "algunas edificaciones no podrán ser legalizadas porque incumplen la propia Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)".

ALGUNOS CASOS EN EL JUZGADO

Cabe recordar que algunos casos ya están judicializados. En uno de ellos el Ministerio Fiscal y la defensa del matrimonio acusado de construir una vivienda supuestamente ilegal en la citada aldea alcanzaron el pasado mes de mayo un acuerdo condenando a cada acusado la pena de un año y seis meses de prisión, así como una multa de 1.800 euros por un delito contra la Ordenación del Territorio.

A su vez, acordaron la demolición de la construcción a su cargo y previa elaboración de un proyecto técnico que, con licencia del Ayuntamiento y el visto bueno de la Dirección del Parque Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, garantice la restauración total del espacio natural afectado, excepto si en el plazo de cinco años se declara por las administraciones competentes su legalización expresa.

Otro de los casos se juzgará el próximo 25 de septiembre en el Juzgado de lo Penal número 2. En concreto, se acusa a una pareja de un delito contra la ordenación del territorio al construir supuestamente, desde 2013, en un suelo no urbanizable en la citada aldea.

Cabe recordar que el Ministerio Fiscal, a finales de 2017, denunció en los juzgados de Aracena a la alcaldesa de Alájar, la socialista Carmen Osorno, por no haber actuado en al menos 22 viviendas construidas ilegalmente en la citada aldea, que son las viviendas que el Ayuntamiento expedientó posteriormente.

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