El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley que, una vez convertido en ley y aprobado por el Congreso, revertirá los recortes en Educación que decretó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 y que reducirá el número de alumnos por clase y las horas docentes de los profesores. Entrarán en vigor el curso que viene, 2019-2020, ha dicho la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa.

Las medidas concretas con las que se revertirá el decreto de recortes tienen que ver con el número de niños por clase, que aumentó en 2012 y se reducirá ahora; con el número de carga docente, "que no horaria", ha precisado Celáa, así como el tiempo de reemplazo de un profesor de baja.

La reducción del número de alumnos y la carga docente de los profesores, que volverá a ser de 18 horas semanales frente a las 20 y 25 que estableció el decreto de 2012 será efectiva en el curso 2019-2020, es decir, no afectará al que ahora empieza porque no ha dado tiempo.

"No podía entrar este curso, no había tiempo material, cuando llegamos [al Gobierno] ya era junio y todos los centro tenían su propia planificación", ha explicado Celáa.

Lo que sí entrará en vigor antes, en cuanto el anteproyecto aprobado este viernes se convierta en una ley que rectifique los recortes de 2012, será lo relacionado al tiempo que tiene que pasar entre que un profesor se ausente y se envíe a alguien para sustituirlo, que ahora es de 10 días.

Celáa ha apuntado que esta, como las otras dos, es una competencia de las comunidades autónomas y que a ellas corresponderá establecer un nuevo plazo. En todo caso, ha señalado que el Gobierno considera que una clase no puede estar sin profesor todo ese tiempo.

Sobre la posibilidad de que reducir carga docente, el número de alumnos por clase o el plazo de sustitución pueda suponer la contratación de más profesores y el coste económico de la futura ley, Celáa se ha señalado que son las comunidades autónomas las competentes en materia educativa y algunas de las cuales ya han ido financiando en los últimos años alternativas al decreto.

En todo caso, Celáa ha remitido el coste al Presupuesto General del Estado para 2019 que negocia actualmente el Gobierno con los grupos políticos.