La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha solicitado que el nuevo estatus tenga competencias legislativas plenas en materia de legislación laboral y protección social. Asimismo, ha anunciado que solicitarán reuniones con los sindicatos que "defienden el marco vasco", así como con los grupos parlamentarios, a excepción de PSE y PP.

En rueda de prensa celebrada en Bilbao, Aranburu y la secretaria de Acción Social, Bea Martxueta, han dado a conocer los contenidos que, a su juicio, debería recoger el nuevo Estatuto vasco.

Para LAB, en el nuevo escenario que se abre el papel que deben jugar los sindicatos vascos es "determinante" por lo que es necesario "luchar desde el ámbito social y sindical por el camino de la activación popular, para que en el desarrollo de este acuerdo se recojan los intereses de la clase trabajadora vasca".

En este sentido, la secretaria general ha anunciado que solicitarán reuniones con los sindicatos que "defienden el marco vasco, así como con los grupos parlamentarios, a excepción de los constitucionalistas (PSE y PP)".

Teniendo como base el derecho a decidir y como objetivo unas condiciones de trabajo y vida dignas para los trabajadores, el nuevo estatus "debe otorgarnos la posibilidad de desarrollar políticas propias en los temas que nos atañen a los trabajadores vascos, entre otros, para acabar con la brecha salarial y garantizar un salario mínimo de 1.200 euros y una pensión mínima de 1.080 euros".

"En Euskal Herria carecemos de soberanía para poder tomar decisiones sobre diferentes temas de vital importancia como la legislación laboral, la negociación colectiva, pensiones, políticas económicas, políticas públicas, sector financiero, energía... Y esta falta de capacidad de tomar decisiones influye directamente en las condiciones laborales y de vida presentes y futuras de los trabajadores vascos", ha rechazado.

En esta línea, ha advertido de que el modelo de relaciones laborales y protección social actualmente vigente está "agotado y no es suficiente para hacer frente a la actual situación económica y social".

"El estatuto de autonomía vigente ha tenido un déficit estructural desde el inicio. No reconoce el derecho a decidir y no garantiza la capacidad legislativa plena en temas de empleo y protección social. Como consecuencia de ello, se nos han impuesto todas las reformas y recortes decididas en el estado español las últimas décadas, se nos ha impuesto el proceso de precarización proveniente del Estado", ha lamentado.

De este modo, ha apostado por "un nuevo estatus, que nos garantice capacidades legislativas plenas en los ámbitos sociolaboral y socioeconómico".

"Ser dependientes en lo que respecta a la capacidad legislativa nos empobrece. Carecer de soberanía política nos debilita y tiene repercusiones directas en el mundo laboral, en la sociedad y en el ámbito político. Las competencias normativas son necesarias a la hora de estructurar un modelo económico y social diferente. Y ahí sitúa LAB la base del nuevo estatus político: contar con la capacidad política y herramientas institucionales para garantizar trabajo y vida dignas a toda la ciudadanía", ha añadido.

A su juicio, el nuevo estatus político debe asegurar la plena capacidad de decisión los trabajadores vascos, y garantizar la capacidad legislativa plena y todas las competencias en materia de empleo y protección social.

"Llevando hasta el final el derecho a decidir, precisamos de herramientas institucionales para poder desarrollar políticas propias en temas que competen a un espacio socioeconómico propio, herramientas que tengan la capacidad plena para organizar, gestionar y financiar políticas de empleo y protección social, y al mismo tiempo, y que la mismo tiempo, fomentarán estrategias para la convergencia con el resto de territorios de Euskal Herria", ha expresado.

Así, ha resaltado que los acuerdos en negociación colectiva precisan de "competencias y garantías plenas", tanto en el ámbito público como en el privado, "sin concurrencias, sin tener otra legislación por encima del ámbito vasco y fuera de la influencia de acuerdos de más allá de nuestro ámbito territorial".

ACUERDO PNV-EH BILDU

Por lo que respecta al acuerdo para consensuar bases y principios alcanzado entre el PNV y EH Bildu, Aranburu lo ha valorado "de forma positiva", ya que "estamos hablando de un nuevo estatus político que da la palabra al pueblo, se basa en el derecho a decidir y da la posibilidad de recorrer un camino del Marco Vasco de Relaciones Laborales y el espacio socioeconómico propio".

En contraposición, ha denunciado que "no quieran" un nuevo estatus político "los partidos constitucionalistas ni tampoco la elite patronal representada por Confebask".

"La actitud de PSE y PP ha sido clara. No hay posibilidad de acordar con ellos un nuevo estatus político. Como mucho, estarían dispuestos a hablar de una simple actualización del actual estatuto de autonomía", ha lamentado para añadir que la Patronal "no quiere un marco vasco ya que se encuentran cómodos en el estatal".

Por último, LAB ha advertido al PNV de que no va a aceptar que "para que quienes no reconocen y no respetan el derecho a decidir, se sumen al acuerdo, se rebaje el punto de partida".