Comisión Bilateral del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Comisión Bilateral del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. EUROPA PRESS

Así lo ha avanzado este jueves el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, quien ha participado en la reunión de la Comisión Bilateral de Seguimiento del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, donde ha precisado que este es el volumen bruto de solicitudes, a falta de las que están por llegar y de que se excluyan las que no cumplan los requisitos, que el año pasado fueron el 20 por ciento de las recibidas.

José Luis Soro ha hecho notar que, desde 2015, la aportación del Gobierno de Aragón a las ayudas al alquiler ha aumentado un 50 por ciento, desde el año pasado un 20 por ciento, de 7,6 a nueve millones de euros, lo que representa "un esfuerzo presupuestario importantísimo". Una de las líneas de subvención, dotada con dos millones de euros, se orienta a los jóvenes.

También ha aludido al programa de ayudas a la rehabilitación, dotado con 12 millones de euros y cuyo plazo de recepción de solicitudes termina el 28 de septiembre. La reunión de hoy ha servido también para hablar de otras cuestiones como la relacionada con el impulso de los ARRUS destinados a la regeneración y rehabilitación de los núcleos urbanos. En este sentido se ha comenzado a trabajar para lograr que se puedan ejecutar los proyectos en 2019.

Ha agradecido "la sensibilidad" del Ministerio de Fomento con el territorio y ha constatado la "máxima sintonía, sobre todo de cara al futuro" entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio, subrayando que "estamos en la misma longitud de onda" en esta materia, por lo que "va a ser muy fácil" impulsar esta política.

Soro ha comentado que este plan "lo heredamos" del anterior Gobierno de España y "hemos hecho lo posible para mejorarlo", pero "es el instrumento de trabajo que ahora mismo tenemos".

El Departamento está satisfecho del trabajo realizado, ha dicho Soro, convencido de que "vamos a hacer grandes cosas en materia social y vamos a ayudar a que la gente siga viviendo en su vivienda de alquiler social o a mejorar su calidad de vida con la rehabilitación".

BUENA SINTONÍA

La secretaria general de Vivienda del Gobierno de España, Helena Beunza, ha puesto de relieve, asimismo, "la sintonía" con el Ejecutivo aragonés en esta materia y ha resaltado "el esfuerzo" del Gobierno de España en aportar el 30 por ciento del coste de las ayudas, sumando entre ambas instituciones 71 millones de euros para los próximos cuatro años.

El Ejecutivo central ya ha transferido al Gobierno aragonés el 10 por ciento del presupuesto consignado y el resto se irá transfiriendo a medida que se vaya acreditando el cumplimiento de las condiciones de gestión. Beunza ha recalcado que el Gobierno de Aragón ha realizado una "gestión eficiente" de este plan, por lo que "nos vamos satisfechos".

Beunza ha dejado claro que el programa de promoción del alquiler asequible es uno de los "esenciales" del Plan Estatal de Vivienda y ha celebrado el apoyo del Ejecutivo aragonés al mismo.

RONDA DE REUNIONES

Este encuentro en Zaragoza se enmarca en la ronda de reuniones que Beunza ha mantenido con los responsables de vivienda de Asturias, Baleares, Extremadura, Madrid, Cantabria y Aragón en esta segunda semana de encuentros bilaterales entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas.

El objetivo, ha informado el Ministerio de Fomento en una nota de prensa, es actualizar y dar un impulso al Plan Estatal de Vivienda y los programas de ayuda actuales, conocer de primera mano las singularidades que afectan a cada territorio y hacer un diagnóstico previo a la elaboración de una ley estatal que aborde de manera integral los problemas de acceso a la vivienda en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta nueva ley el pasado miércoles en el Congreso, donde ha hecho un "llamamiento a todas las fuerzas políticas para alcanzar un pacto que convierta la vivienda en un derecho de ciudadanía, lejos de la especulación".

La nueva Ley de Vivienda pretende garantizar la igualdad de todos los españoles en relación al derecho constitucional a la vivienda, independientemente de la Comunidad en la que residan, blindar la función social de la vivienda y promover y proteger jurídicamente el parque público de vivienda en España en colaboración con el resto de Administraciones del Estado.

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