Dicha oficina, que contará con "plena independencia orgánica y funcional", servirá para "velar por la correcta aplicación de la legislación", para "promover la concurrencia", y para "combatir las ilegalidades en la contratación pública", según ha explicado la diputada del PSOE Ascensión Godoy, durante el pleno de totalidad de este jueves celebrado en la Cámara autonómica.

La norma no ha recibido enmienda de totalidad por parte de ningún grupo parlamentario en dicha sesión plenaria, y continúa por ello ahora su tramitación parlamentaria en la comisión correspondiente, para su aprobación definitiva en un próximo pleno en el que se debatirán las enmiendas parciales que se formulen.

Así, además de fomentar mayor transparencia y de favorecer que las pymes extremeñas tengan "más facilidades" a la hora de acceder a contratos en la comunidad, tanto Godoy (PSOE) como el portavoz parlamentario de Podemos, Álvaro Jaén, han destacado durante el pleno de este jueves que la norma servirá para una mejor relación 'calidad-precio' en la materia sobre la que versa.

TRANSPARENCIA

En concreto, Álvaro Jaén, ha subrayado que la norma es el resultado de un trabajo "intenso" y "extenso", y ha defendido la introducción de cláusulas sociales en contratos públicos en la región lograda a propuesta, ha dicho, de su grupo.

Como aspectos "más importantes" incorporados a la ley, ha citado una oficina extremeña de supervisión que Podemos prefiere llamar "oficina anticorrupción", y otras para la mejora de la información "más accesible y mucho transparente" hacia las pequeñas y medianas empresas extremeñas a la hora de concursar, así como el incremento de la formación de los empleados públicos, y la sanción de costes "injustificados cuando se puedan dar".

También ha considerado Jaén "necesario", tal y como se contempla en la ley, limitar la duración de los contratos; y que se recojan sanciones para quienes incumplan las cláusulas sociales; y la introducción de "cartas de compromisos" con los usuarios por parte de las empresas que han contratado con la administración.

De igual modo, ha destacado que en la norma va a "servir realmente" para que el servicio sea "mejor" y la pequeña y mediana empresa extremeña tenga "garantías para poder continuar con su trabajo en la región".

A su vez, Ascensión Godoy ha señalado que la ley en cuestión tiene su "origen" en la Agenda del Cambio con la que concurrió su partido a las pasadas elecciones autonómicas, así como en una instrucción del Gobierno autonómico de febrero de 2016 que aplicaba "criterios sociales, medioambientales" en la contratación pública de la Junta.

Como otro "antecedente" de la norma ha nombrado los acuerdos entre Junta y Podemos en los últimos presupuestos autonómicos.

Asimismo, en concreto sobre la propuesta de ley conjunta, la diputada socialista ha resaltado que en la misma se reunirá en un solo texto la normativa reguladora de la contratación a nivel autonómico; y se logrará una contratación pública "más eficiente"; a la vez que se facilitará -ha dicho- el acceso de las pymes a las contrataciones autonómicas, lo que permitirá "crear empleo y estimular la innovación".

También se incluirá la obligatoriedad de la licitación electrónica, con una mayor eficiencia y ahorro de costes; y se conseguirá que la relación "calidad-precio" sea "mejor" en la contratación en la región, ha incidido.

Asimismo, se aplicará "mayor transparencia" en la contratación con medidas de evaluación y seguimiento contra la corrupción, en favor de la "igualdad de trato" a todas las empresas licitadoras; y en la norma se prevé la figura del concierto social.

POSTURA DEL PP

Por su parte, la diputada del PP Eva Pérez Zamora ha subrayado que la propuesta de ley viene a recoger la "mayoría" de conceptos que ya contempla, ha dicho, la norma estatal sobre la materia, por lo que ha dudado de la "necesidad" de que el texto en cuestión se tramite en Extremadura.

"No entendemos la necesidad de esta ley en estos momentos", ha señalado la 'popular', quien ha considerado también "prudente" esperar a las conclusiones de los ayuntamientos sobre esta materia, ha dicho, antes de determinar una ley sobre la cuestión.

Asimismo, la 'popular' ha mostrado "ciertas dudas" sobre aspectos de la ley en cuanto a lo que "va a costar" la evaluación y seguimiento de los contratos que contempla. "No entendemos la necesidad de aplicar esta norma a las entidades locales", ha añadido.

También, ha dudado de la aplicación de cláusulas sociales en los contratos públicos que preconiza la Junta a tenor, ha dicho, del "fraude" en el caso del último servicio sanitario terrestre en la comunidad.

FORTALECIMIENTO

Finalmente, para cerrar el debate, el portavoz parlamentario de Podemos, Álvaro Jaén, ha subrayado que la ley busca "evitar" el "caos" en contratos en la comunidad.

"Va a ser una ley que va a ser muy útil, que va servir para prestar mejor servicio a la ciudadanía, y para fortalecer un sector que está resistiendo como mejor puede una situación laboral durísima, ha subrayado en alusión a las pequeñas y medianas empresas.

De igual modo, ha considerado "fundamental" que la norma recoja sanciones a quienes puedan incumplir la norma de contratación pública "transparente, y útil para los ciudadanos".

Por su parte, la diputada del PSOE Ascensión Godoy ha destacado que la ley contempla cuestiones que "no" son de "obligado cumplimiento" por parte de la norma estatal, lo que lleva a que la autonómica vaya "muchos pasos por delante".

Ha resaltado también que la oficina de supervisión de contratación pública será "independiente", así como la "profesionalización" de las mesas de contratación, y que la ley va a contar con "coste cero".

Godoy ha incidido, en la misma línea, en que la ley incidirá en la "calidad" en el empleo, facilitará que las pymes tengan "más oportunidades" a la hora de acceder a contratos en la región, y ahondará en la "transparencia" en la materia.