Carmen Calvo
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el Congreso. EFE

El Congreso ha votado este jueves unánimente a favor del real decreto ley por el que el Gobierno propone nuevas medidas contra la violencia machista, como la devolución a los ayuntamientos de competencias para la protección de las víctimas o modificaciones en el Código Civil para que los niños víctimas de violencia de género puedan recibir asistencia psicológica sin tener que pedir autorización al progenitor denunciado.

El Gobierno ha conseguido todo el apoyo de la Cámara para la tramitación de las medidas urgentes contra la Violencia de Género después de proponer al pleno del Congreso hacerlo por la vía de un proyecto de ley de urgencia. La convalidación así implica la inclusión de las medidas acordadas al ordenamiento jurídico. Pero el texto que resulte finalmente aprobado como ley por el Congreso y el Senado derogará el decreto-ley convalidado.

La intención primera del Gobierno fue aprobar que las víctimas de violencia de género no tengan la obligación de declarar contra sus agresores para recibir protección social y jurídica o que los Ayuntamientos recuperen la atención de la violencia de género a través de un real decreto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Sin embargo, el difícil equilibrio de fuerzas del PSOE en el Congreso ha obligado a introducir la fórmula de tramitación de un proyecto ley mediante el cual los grupos políticos puedan presentar enmiendas.

El Gobierno sabía que no contaba con el acuerdo del Partido Popular ni de Ciudadanos, que se oponían a que las medidas se tomasen por decreto, situación que dificultaba que la violencia de género siguiera siendo política de Estado. Pero, además, no contaban con que los nacionalistas catalanes tampoco apoyarían el decreto, porque modifica la ley del bases del régimen local y propone transferir recursos a los consistorios directamente y sin contar con las administraciones autonómicas.

Por este motivo, y aunque días antes había defendido la oportunidad y validez de un decreto ley, la vicepresidenta Carmen Calvo ya planteó la semana pasada en el Senado la posibilidad de tramitarlo en el Congreso como un Proyecto de Ley, si así lo solicitaba algún grupo parlamentario y obtenía el respaldo de la Cámara. Finalmente ha sido Carmen Calvo la que lo ha propuesto anticipándose al resto de grupos, aduciendo que el consenso entre las fuerzas políticas lo merece.

El 70% de las asesinadas no había denunciado

La vicepresidenta ha defendido en el Congreso la necesidad y urgencia de las medidas como requisito para reducir el porcentaje del 70% de mujeres asesinadas este año que no había denunciado previamente malos tratos. "La sociedad debe dar una respuesta más clara para que las mujeres sepan que estamos esperando para ayudarlas", ha asegurado.

Las medidas incluyen mejoras de cara a la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas. La víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

El reconocimiento de los derechos "administrativos" de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género.

El proyecto también contempla la modificación del Código Civil para que los menores expuestos a violencia de género no requieran el permiso del maltratador para recibir atención psicológica. Algunos juristas habían mostrado dudas sobre la constitucionalidad de modificar mediante decreto ley el Código Civil mediante un decreto ley. No así Jueces para la Democracia, que respaldó las medidas urgentes contra el maltrato.

La vicepresidenta ha considerado en este sentido que la modificación del Código Civil "no afecta a derechos fundamentales" porque el progenitor denunciado tiene derecho "a ser informado, a discrepar y a recurrir al amparo de la Justicia". Sin embargo, la medida permitirá "proteger" a los niños y niñas víctimas de la violencia de género "que llegan a los 18 años sin ser socorridos" psicológicamente, ha defendido.

Patricia Reyes, la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, celebró en su turno de valoraciones la rectificación del Gobierno respecto de la fórmula para validar estas medidas, anunció su voto favorable y anticipó enmiendas de su grupo. Desde Unidos Podemos, Sofía Castañón también celebró el cambio de tramite a un proyecto ley porque permitirá "debatir" y anunció su voto a favor de unas medidas que consideró "prioritarias". El Partido Popular ha celebrado que "la aritmética del Congreso y los votos del PP" hayan permitido cambiar el procedimiento para mejorar un texto, que considera sospechoso de inconstitucionalidad.