Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la denuncia también ha sido archivada para cuatro personas más y la UTE Mundiplan. Así, la denuncia decae porque el documento -que el Cogtib denunció que se utilizaba en su contra porque permitiría ejercer a guías no colegiados- "no fue sustraído de la Conselleria de Presidencia".

En concreto, en el documento titulado 'Nota sobre la necesidad o no de colegiación para ejercer la actividad de guía turístico en las Islas Baleares' se puede leer entre otros aspectos que "mientras esta problemática no quede clara, hay que señalar que la contratación de guías turísticos no colegiados no constituye ningún supuesto de infracciones penales o administrativas".

Así, la parte denunciante alegaba que Font, por solicitud de la directora insular de Ordenación Turística del Consell Insular de Menorca, Elena Costa, emitió la nota a sabiendas de que "era claramente contraria a derecho". El auto, sin embargo, relata que "las diligencias de prueba practicadas ponen de manifiesto que subsiste una controversia sobre la obligatoriedad o no de la colegiación" para ejercer la actividad de guía turística en Baleares.

Asimismo, en el escrito también se indica que la contratación de guías turísticas "no constituye infracción penal o administrativa" y que "no existen razones de interés público que justifiquen el mantenimiento de la colegiación forzosa de las guías de turismo en Baleares".

Por otra parte, el juez instructor asegura que el Cogtib se refiere, "sesgadamente", al contenido de un informe jurídico y de varias notas urgentes que son "favorables" a sus intereses como es la afirmación de que "está legalmente vigente la obligación de colegiación de los guías de turismo" pero obvia que la profesión de guía turística "no es una profesión titulada y que está sometida a las reglas generales de la habilitación para su ejercicio".

En el auto también se explicita que no cabe la ampliación de la denuncia por supuesto delito de prevaricación administrativa contra Costa y por un supuesto delito de tráfico de influencias contra Font, Costa, y dos personas más. La resolución no es firme y frente a ella cabe interponer recurso de reforma.