Dicho juzgado, según informa el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, incoó unas diligencias previas en enero de 2018 en las que figuran ocho personas investigadas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, fraude a la administración pública, cohecho, inducción a la malversación de caudales públicos, revelación de secretos por funcionario público, o inducción a dichos delitos.

La apertura de estas actuaciones vino como consecuencia de la inhibición acordada por el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona, por si el contenido de algunas de las conversaciones cuya interceptación acordó el juzgado catalán pudieran constituir 'notitia criminis' obtenida por "hallazgo casual" de hechos presuntamente delictivos cometidos en el partido judicial de León.

El Juzgado de Instrucción 1 de León acordó posteriormente una serie de intervenciones telefónicas, la práctica de diversos registros donde se intervino material documental e informático, y la citación para declarar esta martes de tres de los ocho investigados, testifical que ha quedado suspendida.

Consulta aquí más noticias de León.