El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada, que se encontraba en el Centro Penitenciario de Asturias cumpliendo una pena privativa de libertad en régimen de tercer grado, disfrutó de un permiso penitenciario el 7 de diciembre de 2017 para incorporarse a un programa de inserción social de personas privadas de libertad relacionado con drogodependencia. Sin embargo, ni acudió al programa ni retornó voluntariamente a la prisión, hasta que dos meses después aproximadamente fue detenida.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena del artículo 468.1 del Código Penal y solicita que se condene a la acusada a 15 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros (4.500 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

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