SAMU, ambulancia, a las puertas del Hospital La Fe en imagen de archivo
SAMU, ambulancia, a las puertas del Hospital La Fe en imagen de archivo GVA - Archivo

Según ha informado la entidad en un comunicado, la falta de instrucciones "claras" y la "arbitrariedad" en la aplicación del Decreto Ley 3/2015 que regula el acceso universal en la Comunitat Valenciana, "ha seguido provocando que personas queden al margen de la atención sanitaria".

Además, afirma que las incidencias "muestran la desinformación de los servicios de admisión de los centros sanitarios" y considera "especialmente grave" la denegación de atención sanitaria a menores y embarazadas.

Odusalud revela que los casos registrados corresponden a personas en situación administrativa irregular, residentes de la Unión Europea y personas españolas en situación de exclusión como las principales afectadas. El estudio indica que los lugares donde se registran más incidencias son València y provincia, con el 48% y el 17% respectivamente.

Las causas fundamentales de las "inatenciones sanitarias" vienen provocadas principalmente por "aplicación arbitraria" de esa normativa, según Odusalud, que revela que se sigue constatando "desinformación" entre el personal de los servicios de admisión de los centros sanitarios y "ausencia de criterios claros" en el proceso de tramitación de las solicitudes de asistencia sanitaria que realizan las áreas de Trabajo Social de los centros sanitarios, pese a existir un protocolo de actuación "de reciente creación" para los/as trabajadores/as sociales del sistema sanitario, cuyos resultados están "pendientes de evaluar".

De los casos de personas en situación administrativa irregular hay personas que no pueden ser identificadas por irregularidades en su documentación (la caducidad, sustracción o pérdida del pasaporte o la Tarjeta de Identidad de Extranjero) y personas con dificultades para certificar su residencia en la Comunitat Valenciana.

TRES CASOS DESTACADOS

Otras incidencias detectadas en el estudio son las personas no atendidas por causa de una reagrupación familiar o ser familiar de ciudadano de la Unión Europea con residencia en España después la entrada en vigor del RD 16/2012, "a quienes se les deniega la asistencia sanitaria, pese a tener regularizada su situación de residencia". Entre estas incidencias se encuentra un menor de edad, una mujer embarazada y una persona con enfermedad mental.

Con especial relevancia, el estudio destaca la "inatención de personas en situaciones en las que la inasistencia médica, la ausencia de tratamiento o la falta de acceso a la medicación pueden tener graves consecuencias sobre la salud de la persona y su entorno más inmediato, así como en salud pública".

"La falta de sensibilidad o de adecuación a estas situaciones, las empeora determinando agravamiento de la enfermedad, ingresos por urgencias o incluso la muerte", destaca la entidad, que revela que se han registrado un total de 18 casos de los que siete tienen una patología infecciosa y cuatro presentan enfermedad mental.

Asimismo, se han registrado casos de personas en situación de "vulneración extrema" con problemáticas sociales graves asociadas y a las que les ha sido denegado el acceso al sistema sanitario. Son personas sin hogar y otras que, a pesar de tenerlo, "tienen graves dificultades económicas y en muchos casos, dificultad de documentación original para demostrar su residencia independientemente de su nacionalidad".

"VOLUNTAD POSITIVA"

Muchas de las situaciones denunciadas "se solventan gracias a la intervención de las entidades del Tercer Sector, que siguen cubriendo un espacio no asegurado, ni garantizado por la sanidad pública", señala la entidad, que subraya que, pese a la "voluntad positiva" de la Conselleria de Sanidad, "173 incidencias todavía son demasiadas teniendo en cuenta que hemos estado bajo el amparo de Decreto Ley 3/2015 durante 2017".

La plataforma insiste que es necesario que la Conselleria "refuerce los procedimientos y formación necesarias dentro de la administración pública, con especial atención en los servicios de admisión de los centros de salud como en las áreas de trabajo social, para consensuar criterio únicos y eficaces a la hora de garantizar el acceso a la atención sanitaria de todas las personas".

Las 87 organizaciones que constituyen la plataforma afirman que, mientras sigan recogiéndose incidencias, "continúa siendo imprescindible, por parte de las entidades, una vigilancia y denuncia de estas, y que no debemos presuponer una plena inclusión en el ejercicio del derecho a la salud de todas las personas mientras no desaparezcan los casos de desatención sanitaria".

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