El Parlamento regional investigará las irregularidades detectadas en contratos del Servicio Cántabro de Salud esta legislatura y, también, las adjudicaciones hechas en la anterior, en una comisión que podría poner en marcha en quince días.

Así lo ha anunciado este lunes a los medios José Ramón Blanco, diputado de Podemos, partido que ha impulsado esta comisión de investigación y que, por ahora, cuenta con el respaldo de las dos formaciones que sustentan al actual Ejecutivo, PRC y PSOE, y el grupo mixto, integrado por el portavoz de Cs, Rubén Gómez, y Juan Ramón Carrancio.

De este modo, y a falta de la respuesta del PP -que todavía no ha adoptado la decisión, según han trasladado fuentes 'populares' a Europa Press-, los morados tienen ya mayoría para sacar adelante esta comisión de investigación, que regionalistas, socialistas e integrantes del grupo mixto firmarán junto a Podemos, y que analizará los contratos del SCS desde 2011 hasta la actualidad.

Una vez se registre la petición, será abordada por la Mesa de la Cámara en la reunión de este viernes. Según el procedimiento establecido, en unas dos semanas se podría constituir la Mesa de la Comisión, solicitar la documentación y las comparecencias.

Además, los podemitas van a intentar que se establezca un calendario para que pueda haber conclusiones antes de que se disuelva el Parlamento con motivo de las elecciones autonómicas y municipales de la próxima primavera.

En este sentido, y tras recordar que los Plenos ordinarios se celebran los lunes, Juan Ramón Blanco ha considerado que los diputados tienen "tiempo de sobra" para desarrollar la comisión antes de los comicios.

No obstante, ha puntualizado al respecto que "lo único que hay que tener es voluntad de querer trabajar intensivamente para dar solución a algo tan grave" como lo que está ocurriendo, ha dicho, en la sanidad cántabra.

El objetivo de esta iniciativa es doble, según ha explicado Blanco: conocer las "corruptelas" contractuales en el SCS, por qué se han cometido y cómo, y buscar medidas y soluciones para que esas maneras de proceder "se cierren de una vez por todas".

Se ha referido así a "fragmentaciones" de contratos para "saltarse todos los procedimientos", adjudicaciones "a dedo" a "amigos o gente cercana al partido" socialista, del que depende en lo que va de legislatura la Consejería de Sanidad, dirigida por María Luisa Real, y cuya dimisión o cese ha pedido toda la oposición.

Ha sido a raíz de que la jefa del servicio de contratación del SCS denunciara hace unos meses diversas irregularidades en 2016 y 2017, corroboradas primero por la inspección sanitaria y después por el interventor general cuyo informe, aún provisional, ha sido requerido por la Fiscalía a propósito de las denuncias interpuestas por IU y PP.

Por su parte, la consejera y el PSOE han admitido las incidencias, pero han defendido que son menores -en importancia y en número- que las registradas durante la pasada legislatura, en la que la Sanidad estuvo en manos de María José Sáenz de Buruaga, entonces vicepresidenta del Gobierno autonómico y ahora presidenta del PP regional y líder de la oposición.

Ante esto, Podemos ha dicho "basta ya" y ha promovido la comisión parlamentaria para "investigar en profundidad" qué ha pasado en las contrataciones del SCS, ha indicado Blanco, que ha reiterado la máxima de "tolerancia cero a la corrupción" que proclama su partido, que considera "intolerable" las irregularidades denunciadas.