Todo ello después de que el pasado mes de mayo, un matrimonio, tras una sentencia de conformidad, fuera condenado a la pena de un año y seis meses de prisión para cada uno, así como al pago de una multa de 1.800 euros, y el Ministerio Fiscal, a finales de 2017, denunciara en los juzgados de Aracena a la alcaldesa de Alájar, la socialista Carmen Osorno, por no haber actuado en al menos 22 viviendas construidas ilegalmente en la citada aldea.

Según reza en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal los acusa de la ampliación de una vivienda de once metros de lateral-fondo, 20 de largo y ocho de altura en una finca de 26 áreas, sin que constara la existencia de edificación alguna.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal pide para cada uno la pena de dos años de prisión con la inhabilitación especial para el sufragio pasivo por el tiempo de la condena y el pago de una multa de casi 3.000 euros y la inhabilitación especial por dos años para oficio de promotor y constructor.

A su vez, como responsabilidad civil, ha pedido la demolición de la edificación con un proyecto técnico, con licencia del Ayuntamiento y el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y de no realizarla, señala que la ejecutará la Administración a su costa embargándoles bienes suficientes para asumir su coste y acordándose en todo caso el comiso de las ganancias obtenidas.

La edificación se encuentra situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, por lo que el fiscal considera que los acusados no solicitaron licencia municipal ni autorización de la Dirección del Parque Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.

Del mismo modo, ha asegurado en su escrito que estas obras se realizan para la vivienda habitual de los denunciados y sus hijos en una finca sin actividad agrícola ni ganadera, incompatible con la legislación protectora del parque natural y que prohíbe nuevas viviendas sin vinculación con usos agrícolas-ganaderos-forestales. Además, se trata de una ampliación de la vivienda, que no estaba finalizada en marzo de 2017.

Detectadas las obras por agentes de la Unidad de Policía de la comunidad autónoma se denunciaron ante este juzgado que abrió diligencias previas en febrero de 2018, existiendo además expedientes sancionadores abiertos por la Delegación de Medio Ambiente y el Ayuntamiento.

VARIAS VIVIENDAS EXPEDIENTADAS

Se trata de una aldea cuyas viviendas están siendo investigadas por la Fiscalía, de hecho en diciembre su alcaldesa fue denunciada por no haber actuado en al menos 22 viviendas construidas ilegalmente en la aldea. No obstante, unos días después el Ayuntamiento decretó un expediente de derribo de una construcción ubicada en la citada aldea al encontrarse en suelo no urbanizable y realizarse sin la pertinente licencia y sin cumplir ningún parámetro legal con madera y alpacas de paja, y abrió otros expedientes sobre 20 viviendas para comprobar si cumplían con los requisitos legales.

Durante los últimos meses el Ayuntamiento y la Consejería se encuentran trabajando en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la posibilidad futura de legalizar lo construido como "hábitat rural diseminado".