La vicepresidenta reafirma el compromiso del Ejecutivo con los afectados por la demolición de sus viviendas en la urbanización de La Arena

SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Cantabria ha aprobado una aportación de más de 11,3 euros a GESVICAN para financiar la proyección, construcción y entrega de las viviendas de sustitución de los damnificados por la demolición de sus viviendas en La Arena, en Arnuero, y que se derivan de la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de responsabilidad patrimonial.

En concreto, la empresa pública se encargará de la redacción y ejecución del proyecto de obras de las 102 viviendas en el sector de Bocarrero (Quejo), puesto a disposición por el Ayuntamiento de Arnuero y que servirán para compensar a los propietarios de la urbanización de viviendas 'El Encinar', en La Arena, que serán derribadas en virtud de la ejecución de la sentencia del TSJC.

Según ha explicado el Ejecutivo, este acuerdo es la continuación del compromiso de gasto plurianual que el Consejo de Gobierno aprobó en su reunión de la semana pasada como trámite administrativo previo de la Consejería de Economía para poder autorizar hoy la aportación dineraria a la empresa pública GESVICAN.

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con los afectados por las sentencias de derribo y ha explicado que esta aportación se enmarca dentro del compromiso asumido desde el inicio de la legislatura "para poder contribuir a que se proceda a la ejecución de la sentencia y aportar seguridad jurídica a los afectados".

Igualmente, ha señalado que su departamento está dando "el mayor impulso posible" a los planes generales de ordenación urbana de los diferentes ayuntamientos, con los que se está trabajando "en plena coordinación" para poder solventar la situación derivada de la demolición de viviendas ilegales.

Esta aportación es fruto del compromiso adquirido por el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Arnuero en febrero de 2015 para proceder a la ejecución de la sentencia del TSJC, en la que se comprometieron a asumir su obligación solidaria de responsabilidad frente a terceros.

Así, el Ayuntamiento asumió la obligación de urbanizar y poner a disposición del Ejecutivo cántabro los terrenos necesarios para la construcción de las viviendas de compensación en el sector del Bocarrero, en la localidad de Isla. Por su parte, el Gobierno asumió la construcción de las viviendas de compensación en Quejo, en el área de Bocarrero, un sector de suelo urbanizable.

Dado el estado de ejecución de la sentencia, el departamento que dirige Díaz Tezanos considera que ha llegado "el momento oportuno" para proceder a la redacción y ejecución del proyecto de las 102 viviendas, con el fin de que la entrega se dilate "lo menos posible". Una vez que se construyan, la siguiente fase consistirá en el derribo de las viviendas afectadas por la sentencia.

"Estamos trabajando en coordinación con el Ayuntamiento de Arnuero para que, cuando ellos finalicen la urbanización de la zona y entreguen los suelos, nosotros comencemos a ejecutar el proyecto de construcción de las viviendas", ha explicado la vicepresidenta.

Las actuaciones consistirán en la redacción del proyecto básico de edificación de las 102 viviendas y garajes situados en el barrio Isla-Arenal 16 A y 16 B de Arnuero, afectadas por sentencia de derribo, y en la asistencia técnica presencial a los afectados por parte del personal del Ayuntamiento de Arnuero

También se incluye la redacción del proyecto definitivo de edificación con base en el anterior proyecto básico del número de viviendas respecto a las que se haya alcanzado un acuerdo con los damnificados respecto al resarcimiento del daño patrimonial mediante la sustitución de la vivienda pendiente de derribo.

Igualmente, se llevará a cabo a la solicitud de la licencia municipal de ejecución de las obras definidas en el proyecto; la tramitación del expediente de contratación; la ejecución de las obras, y la asistencia al Gobierno de Cantabria en la entrega de las viviendas.

OTROS ACUERDOS

Por otro lado, en su reunión semanal el Consejo de Gobierno ha acordado ampliar el plazo de las ayudas para obras municipales. En concreto, se amplía hasta el 31 de octubre para la obligación formal de adjudicación de los contratos y hasta el 16 de noviembre el periodo de comunicación de la adjudicación de los mismos.

Para ello, se ha aprobado la modificación del decreto de 2017 por el que se conceden subvenciones a los ayuntamientos para proyectos de obra pública en el periodo 2018-2019, dada la "mayor dificultad" para realizar las licitaciones debido a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, y, en consecuencia, un retraso en la adaptación de los pliegos de contratación a la normativa, en particular en los municipios de menor tamaño poblacional.

En Educación, se ha aprobado un convenio con el Ayuntamiento de Polanco para articular la colaboración con el Programa de Recursos Educativos para la Educación Primaria y extenderla al ámbito de la Educación Infantil.

Según este acuerdo, el Ayuntamiento aportará 60 euros por cada alumno de Infantil y 30 euros por cada uno de Primaria, con un máximo de 28.500 euros. Esta aportación se ingresará a cada centro educativo conforme al número de alumnos matriculados con el fin de reducir la aportación las familias participantes en el Programa o en el Banco de Recursos.

En Medio Rural, se ha autorizado una inversión de 651.322 euros para realizar, a través de TRAGSA, la mejora de infraestructuras en Ruente, Carmona, Valderredible, Santa María de Cayón, Medio Cudeyo, Piélagos, Valdeolea, Penagos, Arenas de Iguña, Molledo y Cabuérniga.

En Sanidad, también se ha informado de las adjudicaciones en la Consejería, entre ellas el arrendamiento de una resonancia magnética para el Hospital de Laredo o el suministro de vacuna frente a neumococo 23-valente, que ascienden a 1.358.354 euros.