Según ha informado el Gobierno local, en concreto la inspección se realizará los días 10 y 11 de septiembre, a partir de las 9,00 horas, lo que será comunicado a los propietarios de la instalación, la Guardia Civil, la Subdelegación del Gobierno y a los técnicos municipales. El objetivo, incide, es "adoptar las medidas precisas que garanticen el cesamiento y suspensión total de la actividad".

Asimismo, en lo relativo al proyecto de demolición, el alcalde ordena que al arquitecto que redactó dicho proyecto, Rodrigo García Barros, se le comuniquen las deficiencias detectadas para que proceda a su modificación. A mayores, insta a la Policía Local a precintar completamente las edificaciones, instalaciones y perímetro exterior de la finca de la pirotecnia.

Este comunicado se produce dos días después de que el Juzgado Contencioso-Administrativo número uno de Pontevedra haya impuesto al alcalde una multa coercitiva de 1.500 euros (en atención al tiempo transcurrido desde la sentencia anterior y al incumplimiento reiterado de los requerimientos) y le haya instado a que proceda al inmediato cumplimiento de la sentencia.

En concreto, este juzgado lleva meses requiriendo al Ayuntamiento de Tui para que ejecute una sentencia de 2014 que anula las licencias de actividad y obra de la pirotecnia La Gallega, y que implica la clausura y demolición de las instalaciones. Tras recibir un informe a finales de mayo por el que consta que la sentencia está inejecutada, la jueza ha adoptado estas nuevas medidas.

PROCESO JUDICIAL

Este es el último paso de un largo proceso judicial iniciado en 2013, cuando el gobierno local de Moisés Rodríguez (PP) otorgó licencia de actividad y de obra mayor para la pirotecnia de Baldráns. Un vecino de la zona recurrió esa decisión municipal, alegando que la empresa incurría en varias infracciones urbanísticas y otras irregularidades relacionadas con la seguridad, y los tribunales le dieron la razón.

Desde entonces, la representación legal de este vecino ha estado reclamando la ejecución de dicha sentencia, que implica la reposición de la legalidad urbanística y, por tanto, el cese de actividad y la demolición de las instalaciones de la pirotecnia. No obstante, el procedimiento se ha complicado en estos años con recursos por parte del Ayuntamiento y la empresa.