En una nota, la asociación ha explicado que desde el Ayuntamiento "insisten en no reconocer la transmisión realizada como vía para la adaptación de las instalaciones a los nuevos parámetros de ocupación y permanencia que permite el Reglamento de Costas actual".

En este sentido, ha añadido que este hecho se ha dado ya en otras poblaciones costeras de la provincia, con el consiguiente beneficio en la lucha contra la estacionalidad del turismo, la estabilidad laboral en el sector, así como la seguridad jurídica y económica de los empresarios.

A juicio de la asociación, "desde el Ayuntamiento se está torpedeando un procedimiento impulsado por ellos mismo, donde se exigió a los empresarios toda la colaboración posible". "Junto con la administración andaluza se estuvo cumplimentando las numerosas exigencias técnicas y jurídicas, hasta la resolución final que, ahora, resulta que no es reconocida por el Consistorio", ha afirmado.

Aecca ha asegurado que se está generando "un perjuicio y una incertidumbre que obliga a los empresarios a tomar medidas extremas". "La actitud municipal con respecto a un colectivo que genera empleo y riqueza, fortaleciendo la imagen de Cádiz en el contexto de los servicios en la playa, ha sido desleal y arbitraria durante este tiempo", ha afirmado.

Finalmente, ha explicado que se llega a esta conclusión "tras no reconocer la transmisión impulsada por ellos mismos, abriendo expedientes sancionadores por la colocación de las terrazas, porque decidieron cambiar el criterio técnico habitual de cada temporada para la legalización de estos espacios, sosteniendo, ahora, la vuelta a un pliego de condiciones que ellos mismos consideraban obsoleto y perjudicial para la actividad económica en la playa, trayendo consigo el desmontaje de las instalaciones en octubre".

"Se ha dejado de tener confianza en el Ayuntamiento de Cádiz, hartos de que nos den el visto bueno para instalar terrazas y luego recibir denuncias por ello, de que se nos diga que podemos consolidar nuestras plantillas porque se va a reconocer la permanencia, para luego argumentar que lo válido es el pliego del gobierno anterior, que no permitía la presencia de chiringuitos a partir de octubre", ha concluido.