"No hay continuas trabas administrativas, sino leyes que regulan actividades y protegen a la gente de los abusos", han replicado desde la plataforma.

El colectivo afirma que la denegación de las licencias se basa estrictamente en la normativa. La plataforma insiste además del problema que supone admitir industrias altamente contaminantes y afirman que la calidad del aire ya es responsable directa de 296 de muertes al año en Oviedo, según un estudio de la Universidad Carlos III publicado en marzo de 2017.