La Ministra de Educación y Formación Profesional ha comparecido en el Congreso, coincidiendo con el arranque del curso escolar, para explicar la forma de derogar el real decreto-ley 14/2012  que permitió los recortes educativos  mediante el Anteproyecto de ley para la Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza (en el ámbito de la educación no universitaria) y también para hablar de los centros concertados. 

Isabel Celaá ha comenzado su intervención recordando el primer paso que ha dado el Gobierno mejorando las ayudas de becas a los estudios, y asegurando que pretende "incrementar las cuantías en un futuro próximo".  También que para la aprobación del decreto ley de 2012 "nadie fue consultado", " se impuso sin más" y que "respondía a la coyuntura económica del momento".

Isabel Celaá, que realmente no ha aportado mucha más luz a lo que ya se sabía desde finales de julio,  ha asegurado que son unas medidas "sencillas", "unos primeros pasos, hay que dar muchos más". También aclarado que la nueva ley estará vigente para el curso 2019/20, salvo en el caso de las sustituciones, "que podría ser considerada inmediata".

En primer lugar derogará el artículo 2 del decreto ley de 2012 permitía elevar hasta un 20% las ratios máximas de alumnos por clase. "Nadie sostiene que ratios elevadas ayuden a la calidad del sistema educativo", ha especificado la ministra, que ha añadido que "no tiene impacto en el gasto público", pero que "el mantenimiento de esta medida si tendría un alto impacto en los estándares de calidad de la enseñanza".

La segunda modificación hace referencia al artículo 3 que permitía el incremento de la jornada lectiva del personal docente hasta un mínimo de 25 horas en Infantil y Primaria y de 20 horas en las restantes. Era algo que era regulado en el pasado cada Administración Educativa y de nuevo volverá a ser así. "Aunque el Constitucional ha avalado la competencia del Estado para regular la jornada mínima docente", ha explicado Celaá, "ante el cambio de coyuntura económica parece razonable revertir la situación". Es decir, que cada Comunidad Autónoma "va a poder adoptar la decisión que considere más adecuada".

La ministra ha recordado que "la jornada laboral de los docentes se mantiene igual, solo afecta a su jornada lectiva" y que "esta medida tampoco requiere una aportación presupuestaria específica por parte de la Administración General del Estado".

Por último ha hecho referencia al artículo 4, sobre el nombramiento de funcionarios interinos, que se produciría únicamente cuando hubieran transcurridos 10 días lectivos, "dos semanas reales, que tienen que cubrirse con los recursos del centro docente".

La titular de Educación ha destacado que "esta modificación ha resultado una medida especialmente gravosa y rígida para la organización de los centros docentes. Ha tenido repercusiones negativas en la calidad de la enseñanza y en la atención al alumnado". Por eso el nombramiento de interinos podrá ser inmediato cuando el docente preste servicio a alumnado con necesidades educativas especiales, en centros con menos de dos líneas educaticas, en segundo curso de Bachillerato, o cuando la sustitución viniera dada por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento.

La segunda parte de la comparecencia ha estado dedicada a la escuela concertada. La ministra, sin concretar medidas concretas, ha insistido en que "la educación pública es y ha de ser el eje vertebrador de nuestro sistema educativo, pero enviando un mensaje de tranquilidad a las familias y escuelas concertadas,  con recado para la oposición: "Les sugiero que no insistamos de nuevo en este debate que a veces preocupa a las familias sin fundamento".

Celaá sí que ha explicado que "las redes públicas y privadas de la enseñanza han de trabajar de manera coordinada" y que  "deben respetar las normas comunes en el acceso de los alumnos", especificando que "hay mucho camino por recorrer" respecto a la escolarización de alumnos que requieren especiales atenciones de apoyo y sosteniendo que "queremos escuelas inclusivas y equitativas, sin exclusión social".

La titular de Educación no ha hecho referencia directa a la polémica sobre los centros que separan a los alumnos por sexos, pero sí ha señalado que " no toda la concertada es igual, igual que no toda la pública es igual".

También ha recordado que la LOMCE inexplicablemente eliminó la obligación de garantizar la existencia de plazas públicas suficientes en zonas de reciente construcción y que "aún estamos esperando alguna explicación conviencente que llevó a eliminar esa disposición que parece lógica", preguntándose cuáles serían las motivaciones de ese cambio.

Respondiendo tras la comparecencia a la Secretaria de Educación e Igualdad del PP Sandra Moneo, ha explicado que hay familias que no han podido optar por la educación pública en determinados lugares de España, en lugares con amplia oferta privada y concertada.

"Debemos trabajar para mejorar un sistema educativo muy tocado por los recortes", ha concluido Isabel Celaa, para lograr un sistema "que mejore el crecimiento económico del país" y  "que sea un ascensor social, no un reproductor de desigualdades sociales".