La titular de la sala 7 del Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono de Bruselas ha aplazado hasta el 25 de septiembre a las 9:00 hora local (8:00 GMT) la vista preliminar por la demanda civil presentada en Bélgica por el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Nada más arrancar la vista prevista para esta mañana, a las 8.45 horas, el letrado de Llarena, Hakim Boularbah, ha pedido el aplazamiento para que el caso sea analizado por tres jueces, y no solo por uno, teniendo en cuenta su magnitud, y esto no ha planteado problemas a los demandantes.

Durante la vista introductoria, la magistrada no se ha pronunciado sobre su competencia o no para juzgar la denuncia civil contra Llarena por presunta violación de la presunción de inocencia de los demandantes, que reclaman un euro simbólico como compensación.

La jueza belga se ha limitado a recibir los alegatos por escrito de las partes, estando representado Llarena por el abogado Hackim Boularbah y los demandantes por los letrados Christophe Marchand y Gonzalo Boye, entre otros.

El juez Llarena, que no tenía obligación de acudir presencialmente a la vista, no se ha presentado en el juzgado. Sí lo han hecho los exconsejeros huidos Toni Comín y Lluis Puig, aunque no han intervenido.

El edificio donde se encuentra el tribunal ha amanecido con lazos amarillos de plástico en las barandillas hasta que un funcionario ha procedido a retirarlos cuando ha comenzado la actividad del juzgado.

La vista preliminar celebrada este martes ha sido un "primer contacto" entre las partes para presentar sus alegaciones.

La cuestión clave que se tratará en la vista del día 25 es si el juez belga tiene competencia para admitir a trámite la demanda, sustentada en una supuesta falta de imparcialidad y una vulneración a la presunción de inocencia por parte de Llarena.

Los demandantes reclaman a Llarena un euro por daños y prejuicios en una demanda con la que pretenden demostrar que la causa abierta en el Supremo por el "procés" no está dirimiéndose con imparcialidad.

Para éstos, el juez belga debería admitirla a trámite porque se trata de una cuestión privada de Llarena, pero el Gobierno consideró su defensa una "cuestión de Estado" y aseguró que defendería hasta las últimas consecuencias la integridad y soberanía jurisdiccional, que pasa también por "defender la actuación jurisdiccional" del juez.

Para ello contrató a un bufete belga, Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, con una provisión de fondos superior al medio millón de euros. Sus abogados han preparado durante los últimos días la estrategia de defensa de Llarena, dirigida por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, y su equipo de confianza, según apuntan fuentes del Ministerio de Justicia.

La polémica traducción

Otro de los temas clave que se tratarán este martes será el supuesto error de la demanda en relación con las palabras pronunciadas por Llarena durante una conferencia en Oviedo, en la que negó la existencia de presos políticos.

Llarena dijo: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo. Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados".

Mientras que la traducción de la demanda al francés recoge al final de ese párrafo la expresión "y sí es lo que se ha producido, hay que hacer una investigación", que elimina el condicional de las palabras del magistrado.

Ni el expresidente de la Generalitat ni Llarena acudirán a la vista, según fuentes jurídicas, aunque sí podría ir alguno de los exconsejeros: Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí.

Según fuentes cercanas al caso, las primeras audiencias servirán para que las partes presenten escritos y entre vista y vista podrían pasar alrededor de dos meses, por lo que el caso podría alargarse en torno a un año.