Refugiados rohinyá
Un grupo de niños refugiados rohinyás posa junto a una escuela en un campamento de Ukhiya, Cox's Bazar, Bangladesh, en febrero de 2018. ABIR ABDULLAH / EFE

Investigadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han establecido que existen elementos de "genocidio intencional" contra los militares birmanos en la operación efectuada hace un año en el estado de Rakáin (oeste) contra la minoría rohinyá y que los responsables de las Fuerzas Armadas deben ser investigados y juzgados por un tribunal internacional.

La Misión Internacional Independiente de la ONU compuesta por tres expertos que encabezó el indonesio Marzuki Darusman investigó los presuntos crímenes cometidos por fuerzas militares y de seguridad desde 2011 en los estados de Kachin, Shan y, especialmente, en el norte de Rakáin.

Además del "genocidio intencional" en Rakáin, han recabado pruebas de crímenes de guerra y contra la humanidad en los tres estados. Los expertos instaron al Consejo de Seguridad de la ONU a referir el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) o a crear un tribunal internacional penal "ad hoc" para juzgar esos crímenes.

Mientras tanto, sugirieron que deben imponerse sanciones individuales contra los presuntos responsables identificados y un embargo armamentístico contra Birmania (Myanmar).

Los militares, principales responsables

En su informe -las autoridades birmanas no les dieron acceso al país-, la misión considera que "los crímenes cometidos en el estado de Rakáin (antes Arakán), y la manera en la que fueron perpetrados, son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros contextos".

"Podemos decir que el 25 de agosto de 2017 los elementos de genocidio estaban presentes, lo que no quiere decir que sea necesariamente la fecha del inicio" del crimen, sostuvo en rueda de prensa el investigador australiano Christopher Sidoti, miembro de la misión de las Naciones Unidas.

El 25 de agosto del año pasado se produjo un ataque de insurgentes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) contra puestos policiales y militares en la zona que causó más de un centenar de muertos (la mayor parte guerrilleros) y que desató una nueva campaña militar birmana en la región.

La campaña causó un éxodo de unos 725.000 rohinyás a la vecina Bangladesh, donde permanecen como refugiados. Los expertos de la ONU consideran a los mandos militares los responsables de los crímenes cometidos durante la campaña militar, empezando por su máximo responsable, el general Min Aung Hlaing.

Condenan a la líder

Pero también condenaron a la líder de facto birmana, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, porque "no utilizó su cargo (...) ni su autoridad moral para frenar o prevenir los acontecimientos en el estado de Rakáin".

Radhika Coomaraswamy, otra de los miembros de la misión, señaló que "no hay indicios de que las autoridades civiles estaban involucrados en la planificación" del operativo militar, pero sí de que han "bloqueado investigaciones y (de que) sus actos y omisiones pueden haber contribuido a la comisión de crímenes atroces".

Sidoti explicó que los actos cometidos en Rakáin incluyen cuatro de los cinco por los que se define el genocidio: asesinato, infligir graves daños corporales o mentales, crear condiciones de vida calculadas para la destrucción física del grupo y medidas para prevenir nacimientos.

El genocidio intencional, agregó, puede establecerse por circunstancias como el "contexto opresivo más amplio y la retórica del odio" contra esta minoría musulmana en Birmania y por "declaraciones específicas" de altos mandos y presuntos autores directos.

Las políticas excluyentes

Min Aung Hlaing dijo durante la fase más intensa de la ofensiva contra los rohinyás en agosto de 2017 en Rakáin que el problema de esa minoría étnica -considerada apátrida en Birmania- se había convertido "en un trabajo sin terminar" y que su Gobierno tomaba mucho interés en "resolverlo".

El experto australiano también mencionó las políticas excluyentes hacia los rohinyás para, entre otras cosas, "alterar la composición demográfica del estado de Rakáin"; el nivel de organización de la operación militar en agosto de 2017, que apunta a "un plan para la destrucción" de este grupo étnico, y el "alcance extremo de la brutalidad de la violencia" ejercida.

Los expertos han elaborado una lista con los presuntos responsables de los crímenes cometidos contra los rohinyás. Su investigación se apoya en 875 entrevistas con víctimas y testigos, imágenes de satélite y documentos autentificados, fotografías y vídeos.