El PSN ha criticado "la falta de autocrítica del Gobierno de Barkos en la gestión y la aplicación que realiza sobre la ley de Inclusión Social y Renta Garantizada". "La soberbia con la que actúa en este caso el consejero Laparra afecta directamente a la inclusión social real y el desarrollo profesional de las personas perceptoras", ha afirmado.

Nuria Medina, portavoz socialista en la materia, ha considerado que el departamento de Derechos Sociales "limita sus esfuerzos en realizar una transferencia bancaria mensual y se olvida de implementar ayudas que garanticen un futuro lejos del círculo de pobreza en el que esas personas están sumergidas".

Por otro lado, Medina no comparte "la demonización que pretende transmitir UPN a través de un discurso catastrofista en el que, intencionadamente pone el foco exclusivamente en los perceptores".

Los socialistas han cuestionado "el cumplimiento de los objetivos del modelo de Renta Garantizada" por lo que han exigido "una reflexión institucional". "Tras dos años desde la aprobación de la Ley es necesario conocer si la prestación permite la inclusión social y laboral real de las personas en situación de mayor vulnerabilidad", ha remarcado Medina.

La socialista ha reprochado que "el cuatripartito ha permitido que el Gobierno de Barkos incumpliera su propia Ley" ya que "la norma establecía que a los seis meses de su aprobación debía ratificarse un plan de inclusión, asunto que ha sucedido a los dos años, con las consecuencias negativas que eso conlleva al no estar garantizando un derecho básico como es la inclusión social".

De la misma manera, ha recordado que la ley establecía que "al año de su aprobación, el Gobierno de Barkos evaluara el mecanismo de estímulos de empleo, algo que no se ha hecho". Por este motivo ha acusado a Barkos y a sus socios de gobierno de "mostrar escaso interés por el cambio efectivo de este colectivo".

A este respecto, Medina ha apuntado a "la falta de seguimiento que el propio Departamento reconoce asentar sobre los procesos de inclusión llevados a cabo por los Servicios Sociales de Base. Procesos que, por otra parte, son obligatorios al año de estar percibiendo la Renta Garantizada, pero que el Departamento dice desconocer en qué medida se están dando".

La socialista ha defendido que la Renta Garantizada es "un derecho subjetivo imprescindible en una sociedad, la navarra, donde un 13% de la población está en situación de pobreza, pero debe ser concebida como una herramienta que garantice unos ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de las personas en tanto y cuanto la administración garantiza procesos de inclusión que ayuden a estas personas a iniciar o retomar sus procesos vitales integrados tanto social como laboralmente".

Para el PSN, el objetivo principal debe ser "contribuir a la inclusión de la mayor parte de perceptores y su acceso a un empleo normalizado" para lo cual "es necesario fortalecer la empleabilidad de los perceptores". Algo que "el Gobierno de Navarra lleva dos años siendo incapaz de hacer, y como solución ha optado por ampliar programas de empleo social, que si bien son imprescindibles, deben estar dirigidos a perceptores con unas características concretas y no a todos de manera generalizada", ha criticado Medina.

Los socialistas han lamentado que "los derechos tanto de inclusión social como de garantía de ingresos sean cuestionados por la mala gestión del Gobierno de Barkos". Por tanto, han exigido al Ejecutivo foral que "establezca mecanismos para trabajar de manera coordinada con todos los recursos sociales, especialmente de los Servicios Sociales de Base y el Servicio Navarro de Empleo y consiga un consenso institucional en un área tan importante".