Además del delegado de Medio Ambiente, la jueza también imputa por este suceso al director del parque natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz, y a José Luis Samper, alcalde de La Riba de Saelices, lugar donde se declaró el incendio, según informaron fuentes del despacho de abogados que representa a la mayoría de las víctimas y que ejerce la acusación particular.

En la resolución judicial, la jueza, que según las mismas fuentes no explica los motivos de estas imputaciones, imputa también a una cuarta persona, Joaquín Baumela, que tiene relación con una de las empresas que participaron en la extinción del incendio.

Respecto a la ex-consejera, la jueza explica en un auto -según las mismas fuentes- que del comportamiento de Arévalo "se pueden desprender indicios racionales para ser imputada", pero considera que como en el momento de los hechos era una persona aforada, de acuerdo al artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, podría ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de la región.

Con estas cuatro personas son veinticinco los imputados en este suceso, en el que ardieron casi 13.000 hectáreas de pinar, entre ellos los siete excursionistas que hicieron la barbacoa, seis técnicos de Medio Ambiente, responsables del 112 en Castilla-La Mancha y de empresas participantes en las tareas de extinción.