Las propuestas se debatirán en el pleno extraordinario que los populares han forzado junto a otras que entienden que son beneficiosas para el conjunto de los vecinos de Mijas y que se celebrará el próximo 30 de agosto, según ha explicado Bravo.

La propuesta de Bravo, como ha recordado, busca que el Ayuntamiento tenga unos criterios más ajustados al personal disponible, siempre en busca de la máxima eficiencia. Por eso, la moción insta a los responsables del gobierno municipal a distribuir mejor el trabajo de los cada vez menos funcionarios que el equipo de gobierno ha dejado en el Área de Recaudación.

"Desde que gobierna el tripartito, hay menos personal en Recaudación y se trata de concentrarlo en los casos importantes, donde la deuda es mayor, y la voluntad de pago es inexistente", ha explicado el edil, quien, además, ha puesto sobre la mesa dos tipos de medidas.

La primera de ellas es la elevación de los límites a partir de los cuales la recaudación ejecutiva debe abrir un expediente y garantizar el cobro futuro mediante embargo, para no gastar en horas de funcionario más dinero del que se pretende recuperar.

Así, propone que los embargos de vehículos, siempre con una antigüedad inferior a diez años, se realice solo cuando la deuda supere los 300 euros, en vez de en la actualidad, que se realiza cuando supera los 100 euros.

Igualmente, en el caso de los inmuebles, el embargo actual se produce cuando la deuda supera los 1.000 euros, y se propone la subida hasta los 3.000 euros.

"Eso no significa que se perdone la deuda a nadie, pues el sostenimiento de los gastos municipales es obligatorio, sino que priorizamos la acción contra los mayores deudores", ha asegurado.

Asimismo, ha detallado que "desde que se fomentó la posibilidad del fraccionamiento de pago en el año 2012, hay miles de contribuyentes que abonan voluntariamente sus impuestos en función de los ingresos disponibles".

"Preferimos que el personal municipal se dedique cada vez más a facilitar este pago voluntario, y que la vía ejecutiva se centre en los deudores de mayor cuantía", ha opinado al respecto.

En este sentido, y pese a esta circunstancia, los niveles de recaudación del Consistorio "no son nada malos". De hecho, según los datos que maneja el propio Bravo, el Ayuntamiento dispone de más de 90 millones de euros en sus cuentas, que no generan ningún tipo de interés, y que se deben fundamentalmente al aumento de ingresos derivado de la actividad urbanística (licencias y plusvalías).

Asimismo, ha puntualizado que "si analizamos a los deudores, más de la mitad de las deudas que los contribuyentes mantienen con el Ayuntamiento se reducen tan sólo a unos 200 contribuyentes y la mayoría de ellos son sociedades en situación concursal".

Por esto, la segunda medida que proponen los populares es el seguimiento más efectivo de las sociedades que están en situación concursal, donde ven conveniente que el Ayuntamiento sea parte de ese procedimiento y siga más de cerca el sistema de pago a los acreedores de esa sociedad.

Se trata, en definitiva, de "defender el crédito del Ayuntamiento, haciendo valer sus derechos de cobro", "para lo que parece necesario la personación en los procedimientos judiciales, siempre que la cantidad adeudada sea notoria". En estos casos, los populares consideran que 3.000 euros puede ser una cifra orientativa.

En enero de este mismo año, el tripartito trató de externalizar el servicio de Recaudación encomendando el mismo al Patronato Provincial dependiente de la Diputación aludiendo, precisamente, a la falta de personal para llevar a cabo muchas de las tareas que realizan habitualmente, ha recordado Bravo. Sin embargo, la mayoría del Pleno rechazó esta propuesta de Ciudadanos y PSOE.