Los 16 puntos de encuentro familiar de Castilla y León han registrado más de 73.000 intervenciones con 2.145 menores y 1.511 familias durante los primeros siete meses del año y alcanzan más de 420.000 intervenciones desde el inicio de la legislatura.

Así lo ha señalado este miércoles la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien ha destacado la labor de la Asociación para la Protección del Menor (Aprome), que desarrolla este programa en el que se facilita que los menores mantengan relaciones con sus familiares durante procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar.

La consejera ha hecho un reconocimiento a la expresidenta de Aprome María Sacristán, a quien releva Susana Rodríguez, dado que fue la impulsora de estos puntos de encuentro, el primero de los cuales se puso en marcha en Valladolid y después su modelo se implementó en el resto de España.

García ha destacado el espacio "muy importante" porque más allá de la labor que prestan como lugar de encuentro familiar se produce la intervención de profesionales, que se han incrementado hasta los 90 en toda la Comunidad, y que prestan una atención especializada que suma las 420.000 intervenciones a lo largo de la legislatura, con una media de 1.800 familias y 2.600 menores atendidos al año.

En 2017 el número de menores atendidos fue de 2.585 y 1.799 familias atendidas, el 68,5 por ciento (1.233) derivadas desde los juzgados, el 29,7 por ciento (536) desde protección a la infancia y otras 30 de mutuo acuerdo.

PROFESIONALES

En los puntos de encuentro trabajan 90 profesionales que ofrecen un servicio de responsabilidad pública y de titularidad y gestión tanto pública como privada, prestando atención profesional gratuita para facilitar que los menores puedan mantener relaciones con sus familiares durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar, hasta que desaparezcan las circunstancias que hacen necesario este recurso.

Entre las intervenciones que se prestan en el punto de encuentro destaca el apoyo en el cumplimiento del régimen de visitas establecido, información y orientación a las familias y a los menores, promoción de acuerdos y resolución de conflictos a través de la mediación familiar. Así, se realizan visitas supervisadas con padres e hijos con un profesional que controla la situación o se llegan a acuerdos para salidas de hijos o intercambios entre un familiar y otro e incluso se dan pautas alimenticias, ha explicado la presidenta de Aprome, Susana Rodríguez.

En cuanto a las familias, ha explicado que se trabaja en un entorno "tranquilo", aunque al principio se percibe por parte de las familias "sorpresa" por tener que acudir, pero el trabajo de los profesionales hace que vaya hacia la tranquilidad y ha incidido en que es una zona controlada, donde los niños no tienen que ver situaciones de conflicto, para lo que están los trabajadores. La atención en estos centros, aunque lo determinan los juzgados o los Servicios Sociales, suele durar unos dos años, aunque dependiendo de los casos puede ser más o menos tiempo.

Los puntos de encuentro cuentan con al menos una persona titulada en Psicología y otra en Trabajo Social, pero también deben contar con una persona licenciada en Derecho y otra en Educación Social, toda vez que en muchas ocasiones, el acceso al punto de encuentro se produce por derivación de la autoridad judicial.

Por ello, es fundamental que la Junta de Castilla y León y el Consejo General del Poder Judicial trabajen de manera conjunta y coordinada con el objetivo fundamental de proteger los derechos e intereses de los menores, han señalado fuentes del Gobierno autonómico.

Precisamente, para mejorar esa coordinación, el pasado año se creó una 'Guía de buenas prácticas de los puntos de encuentro familiar con los juzgados de Castilla y León', dirigida a los profesionales de los puntos de encuentro y a los profesionales jurídicos.

RED DE CENTROS

En la actualidad la red de puntos de encuentro familiar en Castilla y León está formada por 16 centros ubicados en Aranda de Duero, Ávila, Burgos, Laguna de Duero, León, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Palencia, Ponferrada, Salamanca, San Andrés de Rabanedo, Segovia, Soria, Valladolid (dos) y Zamora.

Desde el inicio de la legislatura, se han realizado más de 420.000 intervenciones y se ha atendido a una media de 1.800 familias y 2.600 menores por año, una cifra que permanece más o menos estable cada año.

Para el mantenimiento y buen servicio de estos recursos, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destinado en 2018 casi 1,4 millones de euros, 100.000 más que el pasado año y un 24 por ciento más que en 2015.

Así, en los cuatro años de legislatura, habrá invertido casi cinco millones de euros en la financiación de estos centros, buscando siempre el bienestar y el interés de los menores. Este incremento de financiación de este año ha permitido ampliar los horarios de funcionamiento de los puntos de encuentro y el número de profesionales.

La gestión de estos centros la lleva a cabo Aprome y, para financiar el servicio, además de los casi 1,4 millones de euros de subvención aportados por la Junta en 2018, este año, han recibido también otros 241.270 euros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por el IRPF y otras aportaciones monetarias y materiales de ayuntamientos y diputaciones.