CSIF lamenta que el Ejecutivo regional "siga pensando que los empleados públicos representan un gasto y no inversión"

  • La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que el Gobierno de La Rioja "siga pensando que los trabajadores, y especialmente los empleados públicos, son un gasto y no una inversión".

Para CSIF, "ya es hora de que se cambie este modelo y se empiece a considerar a los trabajadores como una inversión". De hecho, una buena gestión se caracteriza "por obtener un beneficio de cada euro invertido en sus trabajadores, ya sea destinado a nóminas, formación o prevención de riesgos laborales".

Así, continúan, "es importante aclarar estos conceptos". En demasiadas ocasiones se refleja como gasto "algo que en realidad es inversión". En el caso de la Administración Pública, la partida presupuestaria dedicada a los empleados públicos "se traduce en una mejor educación para nuestros hijos, una sanidad de calidad para todos, unos servicios generales que resuelvan cuestiones relacionadas directamente con el día a día de los ciudadanos, una justicia más ágil y por ello más justa...".

En definitiva, "unos servicios públicos acordes con lo que esperan y se merecen los riojanos".

"Eso y no otra cosa es lo que reclamamos todos los administrados y lo que debemos exigir a los políticos. A todos nos gustaría que los políticos también fueran retribuidos en función de unos determinados objetivos, y en términos de eficacia y eficiencia, incluso de honradez. El dinero se debe gastar en mejorar día a día el servicio público y no para regalar a sus amigos, como nos tienen acostumbrados algunos políticos", consideran desde el sindicato.

Para CSIF, los ciudadanos esperan que sus impuestos "estén bien invertidos y que sirvan para mejorar la calidad de los servicios públicos que reciben y no para otros fines ajenos y espurios, como desgraciadamente acabamos conociendo a través de sentencias judiciales o noticias de los medios de comunicación".

CSIF sabe que "los tijeretazos a los servicios públicos comenzaron en 2010 por el Gobierno socialista de Zapatero pero también es cierto que el Gobierno del PP de La Rioja, los aplicó de inmediato y todavía no da muestras claras de querer devolverlos".

Para el sindicato, "es conveniente recordar que la medida de recorte supuso una disminución de la nómina de todos los empleados públicos del 5% de media. Muchos trabajadores de lo público vieron reducidas todas sus retribuciones más de un 9%".

Así las cosas, "lo que se deduce de las recientes declaraciones del consejero riojano de Hacienda, Alfonso Domínguez, es que el Gobierno de La Rioja fue el primero en recortar derechos a sus empleados públicos, fue de los que más recortaron y es de los que menos han devuelto".

Es decir, "la Comunidad Autónoma de La Rioja maltrata a sus empleados públicos proponiendo recuperar los derechos recortados poco, mal y tarde".

El consejero de Hacienda del Gobierno de La Rioja, en opinión de CSIF, se olvida de algunos motivos por los que repuntan los 'gastos de personal' como son los de las integraciones de personal de agencias públicas por los que titulados de bachiller cobran como licenciados de la comunidad".

Según los datos que se manejan, "es incuestionable que la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene margen para recuperar para todos sus empleados públicos las 35 horas ya, que las bajas no descuenten desde ya, que se arbitren medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, además de una carrera profesional digna".

Otras comunidades "que recortaron más tarde y menos ya lo han recuperado o están a punto de hacerlo", prosiguen. En cambio, el Ejecutivo regional "sigue obligando a los empleados públicos de esta comunidad a viajar en el 'vagón de cola' del tren de la recuperación económica de nuestro país".

Una vez más, para el Gobierno de La Rioja, "los riojanos somos ciudadanos de tercera".

Con todo ello, el sindicato CSIF "está dispuesto a negociar ya esa recuperación inmediata de derechos recortados. De lo contrario, nos veremos obligados a continuar presionando con medidas contundentes, en defensa del servicio público y de los empleados públicos que lo prestan, para beneficio de todos los ciudadanos que son los destinatarios principales de dichos servicios".

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