A preguntas de los medios, la socialista ha señalado que la oficina anticorrupción "responde a un compromiso de legislatura" y a

una directiva europea por la que se establecen las normas mínimas comunes para la protección de las personas que informen de infracciones.

Ha añadido que por los medios actuales que tiene el Gobierno, se va a hacer con medios humanos y materiales propios, aunque no ha descartado que en virtud de las sugerencias que se reciban durante su tramitación, "se pueda producir algún tipo de cambio".

El Gobierno de Cantabria anunció ayer el inicio del proceso de aprobación del futuro decreto que creará y regulará la Oficina de buen gobierno y contra la corrupción, un órgano "independiente" encargado de recibir, investigar y tramitar las denuncias de la ciudadanía, y que trabajará en coordinación con el resto de unidades administrativas de control -la Inspección de Servicios y la Intervención General-.