La precampaña electoral ya se está notando en la región. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer la primera promesa en Madrid de cara a las elecciones del 9 de marzo. Zapatero se comprometió ha crear un «gran plan» de Cercanías para Madrid que supondrá 150 nuevos kilómetros en cinco líneas.

Para llevar a cabo este compromiso, anunciado ayer durante la presentación de la candidatura del PSOE por Madrid, se invertirían 5.000 millones de euros. Esta propuesta, calificada de «prioritaria» por el propio Zapatero, incluiría la prolongación de la red actual, que ahora cuenta con 400 kilómetros, en varias de sus líneas. La C-1 (Alcalá/Alcobendas),

C-3 (Atocha/Aranjuez), C-5 (Móstoles / Humanes), C-7 (Alcalá/Colmenar) y C-8 (Atocha/Villalba) se ampliarían, aunque aún se desconoce a qué municipios llegarían. Además, se creará una línea transversal del suroeste al noreste, con veinte estaciones, que supondrán «una gran transformación» para la comunidad. Con esta prolongación en Cercanías se quiere «facilitar el día a día de los trabajadores». En la región, cerca de un millón de personas usan cada día el Cercanías.

Promesa «fantasmagórica»

Por su parte, el PP calificó la promesa de Zapatero de «propuesta fantasmagórica» y de «una broma más». Su portavoz en la Asamblea, Antonio Beteta, señaló que «nadie se cree» las propuestas del presidente porque «la gente sabe que miente, ya que él mismo se ha confesado mentiroso».

El vicepresidente regional, Ignacio González, dijo que «éste es el cuarto plan que presenta Zapatero» y dijo que el «déficit» de Cercanías es «enorme».

Crítico con el ‘caso sedaciones’

Zapatero también aprovechó ayer para criticar «la persecución intolerable» con los médicos destituidos del Severo Ochoa. Añadió que el hecho de que no se les haya restituido ni se les haya pedido perdón  ni haya habido «responsabilidades políticas» muestra  «el estilo de una derecha cada vez más reaccionaria y más conservadora». La presidenta Aguirre ha asegurado que la Comunidad se limitó «a dar cauces» a denuncias de particulares y el consejero Güemes insiste en que «hubo prácticas indebidas».