Socorristas de Cruz Roja.
Socorristas de Cruz Roja. CRUZ ROJA

Las asambleas de socorristas de las playas de Gipuzkoa han aceptado este miércoles, por mayoría, la propuesta de convenio realizada este pasado martes por Cruz Roja y "avalada" por los ayuntamientos del territorio histórico. De este modo, se confirma la desconvocatoria de la huelga indefinida anunciada por ELA a partir de este miércoles.

En un comunicado, ELA ha señalado que el colectivo de trabajadores de socorrismo y salvamento de las playas guipuzcoanas es "un claro ejemplo de la precariedad laboral que sufren las personas jóvenes cuando acceden al mercado laboral" y también "de un servicio público que se subcontrata por parte de la administración pública, precarizando las condiciones laborales".

A ello, ha añadido que el hecho de que hayan tenido que anunciar una huelga para que "se les tenga en cuenta", muestra que "cuando la administración tiene voluntad política, es posible mejorar estas condiciones".

El sindicato ha recordado que "este colectivo tiene un salario hora de 8,5 euros y se ven obligados a realizar largas jornadas de trabajo sin posibilidad de descanso" y, además, su tarea es "de gran responsabilidad y mucha tensión".

ELA ha señalado que la propuesta aceptada "recoge una subidas salarial de 200 euros mensuales el primer año de socorristas y de 400 euros mensuales a partir del segundo", lo que supone "un incremento del 16% y 33%, respectivamente". Además, se reconoce la antigüedad a partir de la cuarta temporada de 118 euros/mensuales y un incremento del 15% por trabajar en domingos y festivos.

CONTRATOS FIJOS

Por otro lado, ha indicado que Cruz Roja "convertirá todos los contratos actuales en fijos discontinuos desde junio del 2018". Para ELA,

el acuerdo logrado "supone una mejora importante en las condiciones laborales del sector". No obstante, mantiene su exigencia de "equiparar todo el sector de socorristas de Gipuzkoa a las mismas condiciones, dignificando el sector".

Por otro lado, ha denunciado las "dos órdenes abusivas de servicios mínimos impuestos por el Gobierno Vasco que, planteando un servicio del 80%, obligaba prácticamente a toda la plantilla a trabajar", y que están "judicializadas". A su juicio, el Ejecutivo vasco "ha pretendido anular el derecho a la huelga con una decisión clasista que antepone el ocio, vacaciones y turismo por delante del derecho fundamental de huelga".

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