En rueda de prensa, Fernando Rodríguez Villalobos y la Diputada de Igualdad han defendido la fórmula implantada en 2017 por la Junta de Andalucía, para transferir a las administraciones locales los fondos asociados a los servicios de ayuda a domicilio, encuadrados en la Ley de Dependencia.

En concreto, se trata de una orden emitida en junio de 2017 y recogida por Europa Press, que determina que "las fuentes de financiación del servicio son las aportaciones del Estado y de la comunidad autónoma, así como de las personas usuarias", toda vez que "la aportación de la comunidad autónoma se realizará mediante transferencias en base" a cuantías calculadas "a mes vencido y en función del número de horas efectivamente prestadas".

"Una vez validada la liquidación presentada por la corporación local, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía transferirá a la misma la cuantía resultante", estipula dicha orden, toda vez que el PP y otras fuerzas de oposición han venido denunciando que el nuevo método obliga a las entidades locales a afrontar por adelantado los costes de este servicio financiado entre las administraciones central y autonómica, pero contratado a través de las corporaciones municipales.

"LIQUIDACIONES MENSUALES·

Según los populares, al pasar de un modelo de pagos semestrales y por adelantado a "liquidaciones mensuales" a periodo vencido, las corporaciones locales afrontan la prestación anticipada del servicio para solicitar después las transferencias mensuales a la Junta, lo que les implica una "nueva carga". Al respecto, recordemos que en el debate de esta situación en el pleno de la Diputación de Sevilla, el propio presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos, manifestaba que había un "problemón" en torno a este asunto.

No obstante, Rodríguez Villalobos señalaba después que tras un "encaje" del nuevo sistema de transferencias el mismo se revelaba "más ajustado a las horas efectivas que realmente se prestan a los usuarios" de la ayuda a domicilio, insistiendo el PP en que esta reformulación estaba provocando un "retraso" de unos seis meses en el pago de las cuantías por las labores prestadas por las empresas contratadas por los consistorios para la ayuda domiciliaria.

Ya este martes, el presidente de la Diputación y la diputada provincial de Cohesión Territorial han defendido que transcurrido más de un año desde la implantación del nuevo modelo de transferencias de los fondos, "los pagos están casi completamente al día", defendiendo así la nueva fórmula de transferencias y asegurando que "no hay muchas quejas". Al respecto, el presidente ha esgrimido que ante cualquier incidencia, los ayuntamientos tienen a su alcance el Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables que cada año les ofrece la Diputación, para adelantarles liquidez con cargo a su posterior recaudación tributaria.