Esta iniciativa también busca combatir la ilegalidad, el intrusismo profesional, la competencia desleal, la indefensión del cliente ante la inexistencia de garantías y la ausencia de gravamen que inyecte fondos en la Administración para el beneficio de la sociedad.
El proyecto 'Emerge Ya' está subvencionado, en régimen de concurrencia competitiva, por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.
Durante los próximos meses, cinco técnicos de 'Emerge Ya' acometerán una jornada de divulgación y promoción abierta al público, en general, aunque orientada especialmente a los sectores de la automoción y de la industria auxiliar de la construcción.
A su vez, realizarán una campaña de visitas y asesoramiento a negocios irregulares para que se comprometan a regularizarse, en cuyo caso el equipo técnico les gestionará los trámites que necesiten con un servicio integral y completo para así facilitar esa transición.
En los casos donde no quieran legalizar o regularizar su situación, se procederá a presentar en la Administración una solicitud de verificación de actividad no declarada, siempre después de que haya transcurrido un periodo prudencial y tras haber instado a la empresa a que opte por la legalidad.
Al mismo tiempo, la web corporativa (www.femete.es) cuenta con un espacio para esa denuncia donde cualquier persona podrá presentar datos, de forma anónima, de supuestas actividades ilegales o irregulares que haya detectado.
Otros objetivos indirectos que persigue 'Emerge Ya' son: contribuir al incremento del Producto Industrial Bruto (PIB), ya que los negocios clandestinos se traducen en el decremento del PIB industrial y en el mismo efecto sobre el PIB regional; reducir el intrusismo y la competencia desleal; fomentar la competitividad justa entre las empresas, redundando sobre el consumidor por la calidad y las garantías de los bienes y servicios adquiridos.
Por otro lado, el proyecto tiene como fin profesionalizar el sector; incrementar la seguridad industrial, al permitir un mayor control en términos de respeto a la Ley de Riesgos Laborales y sobre la normativa en materia de medio ambiente, así como incrementar la recaudación para que las Administraciones la puedan revertir en la sociedad canaria.
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