Seis personas siguen hospitalizadas por el derrumbe de una plataforma en el puerto de Vigo durante el festival de O Marisquiño la madrugada del lunes, un accidente que ha provocado un cruce de acusaciones entre las administraciones y que ha terminado en el juzgado. El juzgado de instrucción número tres de Vigo, en funciones de guardia cuando se derrumbó la pasarela con el resultado de 428 personas heridas, investiga la presunta comisión de un delito de lesiones imprudentes.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha informado de este punto de partida en el marco de las indagaciones iniciadas con el objeto de esclarecer los motivos del hundimiento de la pasarela y las eventuales responsabilidades que se puedan derivar de estos hechos.

Todo ello mientras el cruce de acusaciones entre la Xunta de Galicia, en manos del PP, y el Ayuntamiento de Vigo, que dirigen los socialistas, continúa. Y es que el gobierno gallego ha informado, precisamente, de que no hay constancia, por parte de la organización del festival O Marisquiño, de la inscripción en el registro electrónico oficial de ningún plan de seguridad de autoprotección de la Dirección General de Emergencias. Según ha informado en un comunicado, se trata de uno de los requisitos legales para obtener la licencia por parte del Ayuntamiento de Vigo.

La Administración autonómica también ha asegurado que el Ayuntamiento no solicitó en ningún momento la colaboración de la Xunta en materia de seguridad ni emergencia, "pese a ser habitual", "para los grandes eventos", requerir la presencia del camión del Grupo de Apoyo Logístico de la Agencia Gallega de Emergencias (GALI).

El propio alcalde de Vigo, Abel Caballero, sin embargo, ha vuelto a insistir en que "la zona del hundimiento es zona portuaria" y que ellos han cumplido "estrictamente" con lo que la Ley establece. También ha recordado que veinte días antes del festival se había celebrado una reunión de seguridad con el Puerto en la que se aprobaron todos los pasos a seguir.

Mientras, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, desde Gandía donde visitaba la zona afectada por el incendio, ha señalado que las competencias de la zona en la que se produjo el accidente están repartidas entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento, pero ha pedido "no entrar en un guerra de competencias". "Lo primero es atender a las víctimas", ha manifestado, para quien "echarse las culpas entre administraciones" no le parece "lo más adecuado".