El pleno del Ayuntamiento de Barakaldo ha aprobado "acatar la resolución de obligado cumplimiento dictaminada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC)", que determinaba que el municipio vizcaíno debía anular la adjudicación del contrato de Limpieza Viaria y Recogida de Basuras y adjudicarlo a la segunda mejor oferta del concurso público, según ha informado el equipo de Gobierno en un comunicado.

La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor del PNV, que dirige el Ejecutivo local, y la abstención de Bildu, Irabazi y el PP, mientras que los ediles del PSE han abandonado la sesión plenaria. "Desconocemos el motivo por el que el PSE no quiere cumplir la ley y los motivos por los que no quieren que el contrato se adjudique a la empresa que indica el OARC que debe ser la adjudicataria", ha señalado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Municipales, Jon Andoni Uria.

El edil ha lamentado la "actitud irresponsable" del PSE, al que ha acusado de "estar en campaña y sólo buscar el bloqueo del equipo de gobierno y la paralización del Ayuntamiento y de nuestra ciudad".

Uria ha asegurado que "toda la información que consta en el expediente justifica la legalidad de la adjudicación que se ha llevado a cabo" este lunes y ha criticado que el PSE intente, con sus críticas, "tergiversar la realidad con disculpas de mal pagador".

El concejal jeltzale ha destacado que este contrato debería haber sido renovado al final de la legislatura pasada, en la que el Ayuntamiento era dirigido por los socialistas.

Según ha recordado, la adjudicación del contrato de limpieza Viaria y Recogida de Basuras se decidió en el pleno de marzo, pero días después una de las empresas que había participado en el proceso recurrió al OARC esa adjudicación.

Uria ha destacado que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, dependiente del Gobierno vasco, "desestimó los argumentos esgrimidos por la empresa salvo uno, el que hacía referencia al turno de recogida de residuos los domingos por la tarde, motivo por el cual forzaba al Ayuntamiento a retrotraerse al momento de la adjudicación y le obligaba a adjudicar el servicio a la empresa que obtuvo la segunda mejor valoración".

El concejal ha explicado que un informe del Secretario municipal advirtió a los partidos políticos de que "no caben ni interpretaciones políticas ni técnicas", sino que "hay que acatarlo porque es de obligado cumplimiento y de ejecución inmediata". Sin embargo, ha lamentado, en el pleno del mes pasado PSE y PP "votaron en contra de acatar la resolución del OARC", mientras que Bildu e Irabazi se abstuvieron.

El pasado 2 de agosto el OARC requirió al Ayuntamiento que hiciera efectiva su resolución, por lo que se convocó el pleno que ha tenido lugar este lunes.

Uria ha recordado que "la empresa que debe ser adjudicataria del contrato, según la resolución del OARC, ha presentado un escrito al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales y al propio Ayuntamiento en el que advierte que la desobediencia de la resolución por parte de los partidos de la oposición le está generando daños y perjuicios y que se planteaba el inicio de acciones legales contra los corporativos porque su actuación contravenía las normas de la contratación pública y definía su comportamiento como de ilícito penal".