Quintana así lo indicó durante una charla que ha impartido a una veintena de alumnos y trabajadores que se están formando para obtener la titulación de socorrista profesional en Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

En este sentido, expuso que Canarias necesitará cubrir entre 500 y 600 nuevas plazas de "guardavidas" en las costas del archipiélago en los próximos cuatro años, por lo que incidió en la importancia de que se haya creado una norma para regular "un fenómeno, el ahogamiento,

que representa la primera causa de muerte accidental en las islas, muy por encima de los accidentes de tráfico".

Al respecto, recordó que hasta la entrada en vigor este martes del decreto que regula la seguridad en playas y zonas de baños, el marco normativo que regía en las costas de Canarias "era una orden ministerial del año 1974", según informó en nota de prensa.

Por ello, consideró que se puede producir un "efecto llamada" en relación a dicho decreto, ya que Canarias "es el único punto de toda" la Unión Europa que genera trabajo tanto como vigilante de playas como de piscinas durante todo el año. A modo de ejemplo, expuso que en las últimas semanas "ha recibido más de una decena de peticiones de profesionales del socorrismo de distintos países de Sudamérica interesados" en trabajar en las islas.

Quintana también se refirió a los ayuntamientos, ya que son las administraciones a las que les compete tener articulado un plan de seguridad y salvamento. "Las corporaciones estarán obligadas a ampliar sus presupuestos destinados a preservar la integridad de los bañistas en los casi 600 puntos de costa registrados en el Catálogo General de Playas", apuntilló.

Además, agregó, que deberán proporcionar el número de profesionales del socorrismo a las características de cada playa, así como los elementos de información o balizamiento de zonas peligrosas, entre otras.

Sobre ello, apuntó que atendiendo a las previsiones realizadas por la Consejería de Seguridad del Gobierno canario, el coste anual para cumplimentar todos los requisitos recogidos en el nuevo decreto de seguridad de costas ascenderá a unos tres millones de euros anuales.

"Un solo euro del erario público que se destine a evitar muertes en el medio acuático no es un gasto, sino la mejor inversión y es más barato (...). De cada diez fallecidos por ahogamiento en las costas isleñas, casi nueve se corresponden con turistas, con lo que invertir en seguridad acuática incidirá positivamente en la imagen de Canarias como destino de excelencia verdadero", concluyó.