Cabe recordar que Rodrigo Andrade, portavoz de IU en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y ahora único edil de la federación de izquierdas en dicha localidad, explicaba a Europa Press que si bien José Guillermo César nunca habría expresado "desacuerdos" respecto a las políticas y estrategias de IU tanto en clave local como en otros planos de la política, lo cierto es que desde hace muchos meses había comenzado a "desvincularse" de la coalición y funcionar "de forma autónoma".

Su distanciamiento de la formación de izquierdas, según Andrade, habría sido tal que habría llegado a "dejar la militancia", tras lo cual la asamblea local de IU habría acordado "por unanimidad" y merced a los estatutos del partido "apartar" a esta persona del grupo municipal.

En ese sentido, Andrade explicaba que IU solicitó al Ayuntamiento de San Juan que "desvinculase" a José Guillermo César de su grupo municipal, toda vez que "en paralelo", el propio edil habría solicitado ser declarado como edil no adscrito, extremo formalizado este pasado jueves durante el pleno extraordinario celebrado por el Consistorio.

Ahora, a través de un comunicado, la dirección local de IU ha sostenido que la decisión de la asamblea local de IU de desvincular a José Guillermo César Portorreal de la organización deriva de la actuación del mismo al "vulnerar el Código de Compromisos Éticos de Cargos Públicos de IU" y cometer "infracciones graves o muy graves" tipificadas en los estatutos de IU.

Del mismo modo, la dirección local señala que el concejal se ha ido "apartando paulatinamente de los valores y la ética" de la organización, reclamando públicamente que en cumplimiento de los estatutos de IU, entregue el acta de concejal que ostenta merced al resultado de las elecciones municipales de 2015, para que otra persona de la organización "pueda asumir dicha responsabilidad".

Así, IU ha manifestado que, en el caso de que este concejal no entregue su acta, se entenderá que el "único interés" que ha movido al mismo para ejercer la actividad política son "sus intereses personales y económicos particulares", que además "pone por encima de los intereses colectivos", en alusión a las indemnizaciones por asistencia a los plenos y comisiones informativas.