Además de los médicos destituidos, el caso Severo Ochoa ha dejado otros perjudicados. Son los cerca de 12.000 pacientes terminales que cada año mueren en la región y que han dejado de recibir cuidados paliativos a raíz del escándalo.

Desde que en marzo de 2005 saltara la noticia de las supuestas sedaciones irregulares en las urgencias del centro, muchos médicos, especialmente anestesistas y especialistas del dolor, «se han retraído a la hora de administrar fármacos a los moribundos», explica José Antonio Sánchez, director de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense.

Cada año, los hospitales de la comunidad atienden a unos 11.600 pacientes en situación terminal que, por su situación, requieren cuidados paliativos. Pero en los tres últimos años, «los médicos han administrado menos sedantes por el miedo a que hubiera problemas legales, como los que tuvo el doctor Montes», añade Sánchez. Este temor entre los facultativos también lo ha notado la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.

En la comunidad existe un Plan Integral de Cuidados Paliativos que contempla los protocolos que se han de  seguir «para la mejora en la atención de estos pacientes».

Mismos protocolos

Pese al escándalo, el caso Leganés no alteró los protocolos, según Sánchez. «Aplicados correctamente, ninguno se salta la ley».

En estos protocolos se especifica en qué dosis y cómo deben administrarse las medicinas, generalmente morfina y codeína, para mitigar el dolor. Sánchez afirma que «en algunos casos pueden acortar la vida, ya que son fármacos muy fuertes con efectos secundarios».

«Ayudar a morir»

De la misma opinión es Carmen Ortiz, presidenta de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que asegura que el caso «creó desconfianza entre pacientes y miedo entre doctores». Esto les llevó «a hacer una medicina defensiva y provocó mala praxis porque los pacientes estuvieron peor atendidos». Ortiz asegura que «cuando no se puede salvar la vida hay que ayudar a morir tranquilamente».

Tras el auto, conocido el lunes, los colectivos médicos esperan que desaparezca la reticencia a aplicar sedantes.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, insistió ayer que la decisión de apartar al doctor Montes estuvo «bien tomada» y negó que haya motivos para disculparse. La presidenta regional aseguró que «las equivocaciones son reversibles, pero las muertes no». La oposición volvió a exigir la dimisión de Manuel Lamela, ex responsable de Sanidad. La ex ministra del ramo Elena Salgado dijo que la Comunidad debería «reponer a los médicos y pedir disculpas a los madrileños».

Menos muertes en urgencias

La Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa), una de las organizaciones que criticaron la forma de trabajar del doctor Montes, dijo ayer que acataba el auto de la Audiencia, pero matizó: «Nos sentimos orgullosos de haber contribuido al descenso de fallecimientos» en las urgencias del Severo. Según sus datos, el año pasado murieron 99 personas en esta área, 143 menos que en 2002, cuando Montes era el coordinador. Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos exigió ayer que se restituya a los profesionales exculpados, porque «los juicios paralelos causan daños irreparables».