El Gobierno pide colaboración a las comunidades para acoger migrantes y menores no acompañados

  • Andalucía demanda un “sistema de responsabilidad compartida” entre autonomías.
  • Murcia pide ayuda financiera para atender a los menores que llegan a la Región.
  • El PP insta al Gobierno a ser responsable y no delegar en las comunidades autónomas.
Migrantes rescatados por Salvamento Marítimo en el Estrecho.
Migrantes rescatados por Salvamento Marítimo en el Estrecho.
Europa Press - Europa Press
Migrantes rescatados por Salvamento Marítimo en el Estrecho.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha apostado este lunes por una acción "conjunta y coordinada" entre el Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos para afrontar el aumento de la presión migratoria en España, una propuesta que han recogido sobre todos las comunidades gobernadas por el PSOE y que ha tenido como principales protagonistas a los menores no acompañados.

Valerio ha lanzado esta propuesta en la reunión de la novena Conferencia Sectorial de Inmigración, en la que han participado la ministra y consejeros y directores generales de las distinta comunidades autónomas responsables de política migratoria. Este encuentro, ha dicho, es "un alto en el camino", porque a principios de septiembre habrá otro dedicado en exclusiva a los menores.

En una comparecencia posterior ante la prensa, Valerio ha reiterado que el Gobierno no contempla iniciar un proceso de regularización de inmigrantes y ha incidido en la necesidad de invertir en cooperación en los países de origen de los inmigrantes como "única manera de que no exista efecto huida".

Según la escueta agenda de la reunión, el objetivo del encuentro era analizar la "situación migratoria en España y las líneas de actuación en materia de política de inmigración".

El encuentro ha durado cuatro horas, al menos un par de horas más de las inicialmente previstas, y no se ha acordado ninguna medida concreta para abordar la situación migratoria en España, donde la cifra de llegadas en lo que va de 2018 ya supera las 22.000, casi más que la cifra total de 2017. La ministra ha destacado el "clima de tranquilidad y de colaboración" durante la conferencia, que no mantenía un encuentro desde 2015.

En el encuentro, el Gobierno y las comunidades han escuchado propuestas de los gobiernos regionales más afectados para repartir la acogida de migrantes, para que el Gobierno central financie esta asistencia y, sobre todo, sobre cómo atender y proteger a los miles de menores no acompañados que se cuentan a día de hoy en España.

La consejera andaluza de Justicia, Rosa Aguilar, ha relatado que algunas comunidades también han pedido que el fenómeno migratorio no se use políticamente y que "las regiones arrimen el hombro en la misma dirección" desde "el diálogo, la solidaridad y la responsabilidad".

7.000 menores no acompañados

Tal y como informó la ministra de Sanidad y Bienestar, Carmen Montón, en la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios de la semana pasada, frente a los 4.000 que se detectaron en 2016, hoy hay unos 7.000 menores extranjeros no acompañados en España, una cifra que la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha elevado este lunes a 8.000, principalmente en Andalucía, País Vasco, Ceuta y Melilla.

Rubí también ha apuntado que los Presupuestos Generales del Estado para 2019 recuperarán el Fondo de Integración, que tendrá en cuenta para su reparto el número de menores de los que cada comunidad se haga cargo.

Responsabilidad compartida y ayuda financiera

Los representantes de los gobiernos autonómicos de Andalucía y de Murcia, del PSOE y del PP respectivamente, han sido dos de los que han hecho propuestas para afrontar una situación que les afecta especialmente.

El vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha llevado a la reunión la propuesta de crear "un sistema de responsabilidad compartida" entre comunidades para acoger a los mejores inmigrantes no acompañados que llegan a sus costas.

"Estamos en cifras de más de 6.000 menores acogidos en los centros de la Junta que, incluso, ha tenido que habilitar hace tres semanas un crédito de 3,5 millones que hemos absorbido y consumido en menos de tres semanas", ha dicho Jiménez, que ha añadido que "hay que ayudar" para que las condiciones de vida de estos menores sean las mejores posibles, ha dicho el consejero andaluz. "Hay que ser solidarios entre todos".

La Región de Murcia también ha pedido ayuda, financiera, para acoger y alojar a menores en centros gestionados por el Gobierno autonómico.

Su secretario general de Familia e igualdad, Manuel Marcos, ha expuesto que desde enero de 2017 el Gobierno murciano ha atendido con fondos propios a 412 menores no acompañados, 250 en el último trimestre y 126 en la actualidad. Su presencia provocó, según el director general, alarma social y obligó al Gobierno regional a crear de forma urgente un centro específico de atención.

"Hemos pasado momentos muy difíciles en 2017, pues en tan solo una noche llegaron 600 personas, por lo que reclamamos al Gobierno central que favorezca una inmigración legal, vinculada a contratos de trabajo y con controles en los países de salida", ha expuesto Sánchez, que, fiel al argumentario del PP, ha reclamado "presupuesto y medidas concretas, frente a acciones electoralistas".

Murcia se ha encontrado con las declaraciones posteriores de la ministra, que ha señalado que el Gobierno no tiene previsto destinar más recursos "de aquí a final de año" para políticas de inmigración.

"Me encantaría tener un fondo sin fondo para poder ir sacando dinero para trasferir dinero a todo el mundo, pero en estos momentos estamos ejecutando un presupuesto", ha recalcado, tras ser preguntada si el Ejecutivo tiene previsto articular más dotaciones ante la situación migratoria. "Podemos hablar del fondo de Integración para los PGE de 2019, en eso está el Ministerio", ha remarcado Valerio.

Reuniones previas del PSOE y del PP

La reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas ha estado precedida de sendos encuentros, en la sede del PP y del PSOE, donde sus respectivos responsables de política migratoria han dejado clara la postura con la que los representantes de uno y otro partido asisten a la reunión.

El PSOE ha dejado claro su respaldo a la petición del Gobierno para que las comunidades autónomas ayuden a la hora de atender a los que llegan, mientras que el PP ha puesto el acento en la "responsabilidad" que tiene que asumir el Gobierno en lugar de delegarla a distintas "administraciones", entre ellas las comunidades autónomas y también ha instado al Ejecutivo a tomar decisiones "urgentes", que no sean "demagógicas" y que no provoque un efecto llamada.

En la reunión en la sede del PSOE, en Ferraz, la ministra Valerio, que es también la secretaria de Seguridad Social y Pacto de Toledo del PSOE, ha señalado que su intención iba a ser escuchar a las comunidades autónomas y ha añadido que ha pedido a responsables socialistas en migración en distintas autonomías "colaboración en centros que se están abriendo para atender de manera temporal a personas inmigrantes".

En la misma línea, en la Comisión Delegada que se reunió el pasado viernes en la Moncloa también se vio clara la necesidad de que las comunidades autónomas colaboren para aliviar la situación de las más afectadas, al constatar que es necesario "un esfuerzo coordinado entre las diferentes administraciones para asegurar la atención más adecuada" sin "saturar los servicios" de las comunidades con mayor número de llegadas.

En la reunión de hoy de Ferraz, Valerio ha apostado por debatir de estas cuestiones "de manera conjunta".

Dentro del PSOE, la consejera de Asturias, Pilar Varela, ha considerado "lógica" la petición por parte de Andalucía de que haya un reparto de los menores migrantes; mientras que la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Mónica Silvana ha instado al presidente madrileño, Ángel Garrido, a acoger migrantes en la Comunidad de Madrid "como, al menos, el resto de comunidades autónomas".

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid no puede mirar hacia otro lado ante la situación actual con los migrantes", ha señalado Silvana, que ha recordado que "esta solidaridad debe demostrarse más cuanto más PIB per cápita, luego es exigible a la Comunidad de Madrid, que puede presumir de estar entre las comunidades más ricas".

Desde otros partidos y gobiernos autonómicos también ha quedado patente la preocupación por las dimensiones de los actuales flujos migratorios en la frontera sur de la UE, por Andalucía, aunque con distintos grados de compromiso.

Territorios colapsados

Así, la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, ha cuestionado que sólo "seis comunidades en exclusiva" estén absorbiendo el fenómeno migratorio y haya otras absolutamente al margen de este fenómeno migratorio"

"Hay territorios colapsados, como Andalucía o Melilla. Queremos ser solidarios con esos territorios y que todas las comunidades arrimen el hombro", ha pedido la líder de Compromís.

Por su parte, el consejero de Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, el popular Conrado Escobar ha mostrado la "disposición" de su Gobierno, "como lo viene haciendo siempre, a acoger lo que le pueda corresponder".

El consejero riojano del PP ha apuntado que "no es el momento de repartir cupos , ya que hablamos de personas", ha recordado que por su región han pasado ya 214 refugiados y en el caso de acogida de menores "no va a ser una excepción".

Sin embargo, también ha advertido de que "una inmigración irregular puede desembocar en fenómenos que perjudiquen a la convivencia, con lo que tiene que ser regular, así como que la solidaridad tiene que seguir un orden, puesto que una solidaridad desordenada suele desembocar en episodios de insolaridad".

Inmigración ordenada del PP

Conrado se ha ceñido así al discurso oficial del PP que preside Pablo Casado, que insiste en que la llegada de inmigrantes a España tiene que hacerse de manera "responsable, legal y ordenada y dirigida al mercado laboral".

Así lo ha recordado también este lunes la vicesecretaria popular de Políticas Sociales, Cuca Gamarra, que ha presidido la reunión entre los políticos del PP previa al encuentro con Valerio en el Ministerio.

En declaraciones a 20minutos, Gamarra ha mostrado, en primer lugar, la sorpresa y "preocupación" de los dirigentes autonómicos de su partido por haber sido convocados a una reunión en la que no había un orden del día detallado, ni documentos de trabajo ni mucho menos información económica para financiar cualquier eventual plan de actuación conjunto.

"La principal sorpresa es la inexistencia de una agenda clara para esta reunión", en la que "no hay constancia de qué temas se van a abordar", ha señalado la vicesecretaria antes del inicio de la reunión y ha afirmado que "no hay ninguna propuesta por parte del Gobierno" a una reunión "meramente consultiva", ha dicho.

"Apelamos a la responsabilidad, es una competencia del Gobierno de España y planteamos que el Gobierno asuma su responsabilidad, no lo que las últimas semanas, que no puede trasladar la responsabilidad a otras administraciones como las comunidades autónomas", ha asegurado Gamarra

La vicesecretaria ha señalado que el PP "somos solidarios sobre todo con los inmigrantes, que son víctimas de las mafias, pero también el Gobierno tiene que asumir su papel, le pedimos que no lleve a cabo un efecto llamada con noticias que puedan dar lugar a que se incremente la llegada de inmigantes con carácter ilegal".

Save the Children y CCOO

Además de los partidos políticos, la ong Save the Children y el sindicato CCOO han mostrado este lunes que el Gobierno y las comunidades autónomas actúen para protegerlos.

El director de Save the Children, Andrés Conte, ha pedido "un reparto de responsabilidades" y "un nuevo compromiso y que se mejore la coordinación entre los actores involucrados para garantizar que el aumento en las llegadas no menoscabe la protección y el bienestar de la infancia migrante y refugiada en nuestro país".

CCOO, por su parte, ha pedido que en la Sectorial de Migraciones se desarrolle una "agenda" con las acciones precisas que se deben llevar a cabo para acoger y atender a estos menores, así como "una partida económica específica" para garantizar su derecho a "una educación de calidad que les abra expectativas reales de futuro basadas en la dignidad humana".

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