Con estas subvenciones, las asociaciones beneficiarias financiarán plazas de acogida para mujeres maltratadas, un programa de atención especializada a víctimas de explotación sexual, otro programa de intervención para agresores, y distintas iniciativas de sensibilización sobre esta situación, según ha informado la institución en una nota de prensa.

La DPZ ha resuelto así la tercera edición del plan que el actual equipo de gobierno puso en marcha a comienzos de mandato para apoyar a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la prevención de la violencia de género y por la protección de las mujeres maltratadas en los municipios de la provincia.

Este nuevo programa de subvenciones se creó con el objetivo de aumentar los esfuerzos de la institución en la lucha contra un problema que en el medio rural tiene sus propias peculiaridades. "En los pueblos pequeños, todo el mundo se conoce y las víctimas de la violencia de género tienen aún más dificultades para dar un paso al frente y romper con su maltratador", ha apuntado la diputada delegada de Igualdad, Pilar Mustieles.

LAS INICIATIVAS SUBVENCIONADAS

Las ayudas concedidas oscilan entre los 12.435 y los 15.000 euros y van a permitir financiar cuatro plazas en una casa de acogida que estarán a disposición de los distintos servicios sociales de la provincia para atender a las mujeres víctimas de violencia de género que lo necesiten.

También se ha subvencionado un proyecto de intervención y atención especializada a mujeres víctimas de la explotación sexual en contextos de prostitución y un programa de intervención para agresores destinado a "erradicar sus conductas violentas, reducir su nivel de reincidencia y modificar los factores de riesgo relevantes en este tipo de delincuentes", han apuntado desde la DPZ.

Además, el plan financiará cuatro iniciativas de sensibilización y prevención de la violencia de género dirigidas a distintos colectivos y desde diferentes perspectivas.

A la hora de conceder las subvenciones y establecer su cuantía, la Diputación de Zaragoza ha tenido en cuenta criterios como que los fines recogidos en los estatutos de las entidades estén vinculados a la igualdad o a la prevención de la violencia de género o trans y el número de municipios en los que se desarrollará el proyecto.

También se ha valorado la experiencia de la entidad beneficiaria en proyectos con el mismo fin o similares; el potencial de expansión del proyecto y su capacidad para generar resultados evaluables; y la posibilidad de que la actuación propuesta obtenga cofinanciación pública o privada.

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