La Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT no ha rubricado el nuevo convenio colectivo estatal de atención a personas dependientes, que afecta en Cantabria a más de 6.000 trabajadores (6.520 en el segundo trimestre de este año), tras incluirse a última hora en el contenido del acuerdo la obligatoriedad de las geroculturas de realizar tareas de limpieza e higiene de zonas comunes, estancias, ropa y utensilios, si así lo requiere su empresa.

Para la responsable regional del sector de la dependencia de UGT, Margarita Pelayo, "el acuerdo es un significativo paso atrás en el objetivo de dignificar la profesión y en general de dignificar todo el sector de la dependencia, porque no es admisible bajo ningún punto de vista -dice- que se obligue a hacer tareas de limpieza a profesionales que están formados, acreditados y contratados para prestar cuidados a personas, no a lo que realmente tiene que hacer personal de limpieza".

En un comunicado, UGT señala que el convenio colectivo suscrito por las patronales LARES, AESTE y FED y el sindicato CCOO "es en realidad el que se tenía que haber firmado hace cuatro años y tendrá vigencia hasta este año (2015-2018), aunque implica un retroceso considerable en las condiciones laborales de los trabajadores y un mal ejemplo para iniciar la negociación del siguiente convenio".

"De hecho, es curioso que las únicas mejoras reales que implica este nuevo convenio colectivo provengan de sentencias judiciales y nuevas normativas legales que fuerzan a incluir determinadas medidas en el texto", puntualiza la responsable regional del sector de la dependencia de UGT.

MENOS TIEMPO PARA EL CUIDADO A PERSONAS

UGT precisa que la inclusión de tareas de limpieza en la labor diaria de los geroculturores ya había sido rechazada por el sindicato en la treintena de reuniones de negociación que se han venido celebrando en los últimos años, aunque "se ha colado a última hora por la puerta de atrás, lo que pone en bandeja a las empresas no tener que contratar a personal de limpieza, limitando además la propia calidad del servicio de dependencia y el tiempo para realizarlo", advierte.

La responsable regional del sector de la dependencia de UGT denuncia que este nuevo convenio colectivo estatal del sector "es un paso más en la precariedad del sector y un retroceso en toda regla en las condiciones laborales" y "se asemeja a lo que ya ocurrió en su momento cuando a las gerocultoras se las obligó a dispensar determinados medicamentos (insulinas y heparinas) sin tener la preparación adecuada y sin un seguro que cubriera cualquier eventual error".