El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González.
El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. PP

En una entrevista concedida a Europa Press, González ha recordado que "si por algo se ha paralizado este proyecto ha sido por culpa de la Junta", así como que el Gobierno de Mariano Rajoy "puso sobre la mesa diez millones de euros", de los 24 millones que le correspondía, y "la Junta, que tenía que poner seis, a día de hoy ha puesto cero euros".

Al respecto, ha detallado que el proyecto CEUS "se paralizó por un acuerdo conjunto del Gobierno de Rajoy y de la Junta de Andalucía para retomar de nuevo las subvenciones europeas", por tanto, ha añadido que "si alguien tiene la obligación moral de activarlo de nuevo es precisamente el PSOE y la Junta de Andalucía".

González ha reaccionado así tras la reunión mantenida a principios de semana entre el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, y el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, con el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, para analizar la situación actual e impulsar este proyecto. Todo ello después de que la Junta y el INTA hayan firmado un protocolo de actuaciones para el desarrollo del proyecto CEUS, culpando al PP de "su paralización".

En este encuentro, Ángel Olivares constató con Caraballo y Romero la firma de este protocolo de actuaciones para el desarrollo de este proyecto, "lo que supondría un importante impulso para el mismo", el cual se llevaría a cabo con nuevos fondos europeos y con la participación de la Junta de Andalucía, que ha reservado una partida presupuestaria cada año a la espera de que el proyecto se desbloqueara, además de la aportación de terrenos de su titularidad.

Este proyecto ha sido reclamado en las instituciones a nivel provincial, andaluz y nacional por todos los partidos políticos y por la sociedad onubense, como por ejemplo la asociación 'Huelva Potencia Económica', quien mantuvo hace año y medio una asamblea en la que aprobó "proponer que cada administración dividiera las inversiones a realizar y de esta forma se evite todo tipo de confrontación política" que, a su juicio, es "el mayor riesgo para el proyecto".

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