En concreto, el auto expone que "deja sin efecto la medida cautelar adoptada por auto de fecha del 27 de julio de 2018 declarando la plena ejecutividad del Decreto aquí impugnado para garantizar la salud pública, el medio ambiente y el cumplimiento de la normativa comunitaria".

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado a España a finales de julio a pagar una suma de 12 millones de euros por incumplir las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas e impondrá una multa coercitiva de 11 millones de euros por cada semestre que persista el incumplimiento.

El caso se remonta a 2010, cuando la Comisión Europea llevó al Estado ante la Justicia europea tras haber comprobado que varias aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes, entre ellas Güímar, no disponían ni de sistemas colectores ni de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas. El TUE confirmó el incumplimiento en una sentencia dictada en abril de 2011.