La Consejería de Educación publica la adjudicación provisional de las ayudas predoctorales Severo Ochoa

  • La Consejería de Educación y Cultura ha publicado el pasado 31 de julio el listado con la propuesta provisional de adjudicación de las 55 ayudas predoctorales Severo Ochoa, las solicitudes desestimadas, así como el listado de reserva.

Estas 55 ayudas se reparten entre cinco grandes ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. Se han adjudicado nueve a cada una de las ramas y las diez restantes por orden de puntuación entre todos los solicitantes, según ha indicado el Principado en nota de prensa.

El período para la presentación de alegaciones estará abierto hasta el próximo 14 de agosto y posteriormente se establecerá un plazo para su resolución. Una vez finalizado, se procederá a la resolución definitiva para que las personas beneficiarias de las ayudas puedan incorporarse lo antes posible a los centros donde realizarán su tesis doctoral.

Durante el período máximo de las ayudas, que es de cuatro años, los beneficiarios recibirán apoyo económico y serán contratadas por un centro de adscripción en el que desarrollarán su formación investigadora: la Universidad de Oviedo, los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Asturias (CSIC) y el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), entre otros.

Por lo tanto, este programa supondrá también una fuente de empleo para los jóvenes investigadores, quienes se iniciarán en la docencia a partir del segundo año.

Los contratos predoctorales suman una cuantía anual aproximada de 1.107.000 euros, que a su vez implica una ayuda mensual de casi 1.677 euros brutos. El total resultante en los cuatro años de vigencia del programa se eleva a unos 4,5 millones.

El programa tiene como finalidad la formación en investigación y docencia de estudiantes de postgrado mediante la realización de una tesis doctoral en departamentos o institutos universitarios, en organismos públicos de investigación o en centros tecnológicos radicados en la comunidad autónoma.

En esta ocasión, la novedad recae en que la evaluación ha sido realizada por la Agencia Estatal de Investigación, un organismo para la gestión de los fondos públicos destinados a actividades de I+D+i, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

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