El juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Ponteareas (Pontevedra) ha dictado auto de apertura de juicio oral contra José Luis V.A., acusado de haber matado, en A Cañiza, a un vecino suyo con una desbrozadora, con la que también hirió gravemente a la hija de la víctima.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado que estos hechos, ocurridos en junio de 2017, serán enjuiciados por un tribunal de jurado, en una vista que se celebrará en la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Las mismas fuentes han indicado que, en el auto de apertura de juicio, el juez de Ponteareas hace constar las malas relaciones entre acusado y víctimas, y la existencia de varios procedimientos judiciales como consecuencia de agresiones mutuas previas al crimen.

Asimismo, y con respecto al día de los hechos (el 17 de junio de 2017), el magistrado pone de manifiesto que el acusado "no realizó gestos previos ni profirió palabras" antes de la agresión que pusieran en alerta a la víctima mortal, "por lo que no pudo huir ni defenderse".

Del mismo modo, indica que la hija del agredido "sacó su teléfono móvil con la finalidad de efectuar una grabación de todo lo que estaba sucediendo, momento en el cual el acusado dirigió la desbrozadora hacia la mano con la que grababa y hacia su cara". El ataque continuó cuando la mujer estaba en el suelo, por lo que tampoco pudo defenderse.

Según consta en el auto, el informe médico forense sostiene que en el momento de los hechos el acusado tenía sus facultades volitivas (aquellas que dominan sus impulsos) afectadas de manera severa (intensa), y sus facultades intelectivas (aquellas que permiten discernir si lo que se hace está bien o está mal) con una merma al menos moderada (parcial).

ACUSACIONES

Tanto la Fiscalía como la acusación particular atribuyen a José Luis V.A. dos delitos de asesinato, uno de ellos en grado de tentativa. Así, el ministerio público pide para el procesado penas que suman 18 años de prisión.

Por su parte, la defensa, como primera alternativa, entiende que "dada la existencia de circunstancias eximentes de la responsabilidad penal, no cabe imponer pena de prisión, solicitando la imposición de la medida cautelar de libertad vigilada por un período máximo de cinco años", aunque plantea otras opciones de manera subsidiaria.

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