El sindicato ha criticado en un comunicado la propuesta presentada este martes por el PPCV para la futura Ley de la Función Pública Valenciana. Según anunció la presidenta de la formación, el "PPCV le brinda al PSPV y a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, su apoyo para que, en el proyecto de ley, el requisito lingüístico, como viene refrendado por la jurisprudencia, sea un mérito" y no indispensable.

Intersindical ha señalado que las declaraciones de Bonig "se han hecho como un ofrecimiento del PPCV a la Conselleria de Justicia para desbloquear la tramitación del anteproyecto de Ley", "donde, supuestamente, las divergencias entre los partidos del Botànic sobre el alcance de la capacitación y en las estrategias electoralistas están obstaculizando su desarrollo", ha criticado.

A su juicio, la presidenta del PPCV "ignora u omite algunos aspectos de relevancia significativa a la hora de plantear la relación entre la capacitación lingüística de los empleados públicos y el derecho de las personas a dirigirse a la administración en la lengua cooficial de su elección".

En primer lugar, la organización ha señalado que la normativa "no plantea la introducción de la capacitación lingüística con un contenido

uniforme, sino que prevé una diferente graduación en función de la titulación académica exigida" para el puesto de trabajo. "Es decir, el nivel de conocimientos de valenciano requerido para ocupar un determinado puesto de trabajo será proporcional a la titulación y adecuado a las funciones a realizar", ha agregado.

"EXTENSIVA A TODOS LOS EMPLEADOS"

No obstante, "sí que es cierto que la exigencia de un determinado grado de conocimiento de valenciano será extensiva a todos los empleados públicos, porque

el ejercicio del derecho a la libre elección de lengua oficial va más allá de la atención directa de la persona que atienden a los usuarios", ha subrayado Intersindical.

El sindicato argumenta que los ciudadanos pueden dirigirse a la administración de forma verbal o escrita y "tienen derecho a que se les contesto en la misma lengua, por lo que cualquier acto administrativo, notificación, informe o resolución tiene que poder ser redactado por un empleado capacitado en el uso de las dos lenguas".

Por otro lado, en la "inmensa mayoría de los casos, los procedimientos administrativos, con las peculariadidades propias de cada sector, requieren normalmente la participación de más de un empleado". "En consecuencia, todos tienen que estar capacitados en el uso de las dos lenguas, sin distinción", ha apuntado.

"Hay que recordarle a la señora Bonig que el derecho de los valencianos a utilizar la lengua oficial de su elección ante la administración y en igualdad de condiciones no puede fundamentarse en el hecho que una lengua, el castellano, sea un requisito, y la otra, el valenciano, solo un mérito", ha remarcado el sindicato.

Para la organización, la "verdadera igualdad lingüística, el equilibrio en el uso de las dos lenguas, solo puede conseguirse cuando ambas se sitúan en la misma posición legal ante el ciudadano y la administración". "Esto solo lo garantiza la generalización del establecimiento de la capacitación lingüística para las dos lenguas oficiales", ha insistido.

UN DERECHO "MÁS FORMAL QUE MATERIAL"

Intersindical ha lamentado que, "después de 35 años de Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano", sigan las "discriminaciones lingüísticas" y el reconocimiento del derecho a utilizar el valenciano ante la administración sea "más formal que material".

"Exigimos que se mantenga la capacitación lingüística en valenciano para los públicos en el texto del Anteproyecto de Ley de la Función Pública Valenciana y, además, que pueda ser aplicable en 2019, tanto si es mediante la nueva ley como si lo es modificando la actual y vigente. Pero lo que es más importante todavía, que el valenciano deje de ser utilizado como elemento de confrontación por la recerca de beneficios electoralistas", ha zanjado.

Consulta aquí más noticias de Valencia.