La amenaza terrorista sigue vigente en España un año después de los atentados yihadistas en Barelona y Cambrils, que el 17 de agosto de 2017 le costaron la vida a 15 personas.

El Ministerio del Interior mantiene activado el nivel 4 de alerta antiterrorista, el segundo más alto en una escala del 1 al 5, y que indica un riesgo alto de sufrir un atentado. Este nivel 4 de alerta permanece activado desde el 26 de junio de 2015, trágica fecha en la que se produjeron atentados yihadistas en cadena en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia.

El nivel 4 de alerta significa que todos los cuerpos de seguridad del Estado implicados en la lucha antiterrorista están movilizados, se extrema la vigilancia sobre personas sospechosas y se refuerzan las medidas de control y protección en infraestructuras críticas, como aeropuertos, estaciones de tren o centrales nucleares.

Las Fuerzas Armadas también se encuentran en estado de preaviso, con la vigilancia reforzada en todas sus instalaciones, y preparadas para movilizarse en caso de necesidad para apoyar a Policía y Guardia Civil.

Pero a raíz de los atentados del 17-A, Interior adoptó algunas medidas extraordinarias para reforzar ese nivel 4 de alerta, entre ellas la de incrementar la vigilancia en lugares turísticos o de afluencia masiva de ciudadanos, como conciertos, manifestaciones o eventos deportivos. Y se ha mejorado desde entonces la colaboración con las policías locales y autonómicas.

Además, en la reunión del pacto antiyihadista del pasado mes de diciembre se acordaron nuevas medidas para luchar contra el yihadismo, entre ellas la de obligar a las empresas de alquiler de vehículos, viviendas y hospedajes vacacionales a crear un registro de clientes.

También se acordó modificar el reglamento de gases licuados del petróleo para ejercer un mayor control sobre la distribución de las bombonas de butano, no hay que olvidar que los terroristas de Alcanar, que fallecieron en una explosión accidental, tenían almacenadas en un chalet más de 100 bombonas de butano, que iban a ser utilizadas para atentar en Barcelona.

La implantación de estas medidas del pacto antiyihadista se ha demorado un poco con el cambio de Gobierno, pero, según confirman desde Interior, todas siguen su tramitación y el objetivo es que vean la luz en los próximos meses.

Otra resolución adoptada tras el 17-A, es la de ejercer un mayor control sobre las doctrinas que se imparten en las mezquitas y sobre los imanes.

Así, desde el pasado 31 de octubre está en funcionamiento un Registro de Ministros de Culto del Ministerio de Justicia, en el que tienen la obligación de inscribirse todos aquellos que estén habilitados por las distintas confesiones para realizar actos religiosos.

También los Ayuntamientos han adoptado medidas para proteger a los ciudadanos ante posibles atropellos masivos, como el ocurrido en Las Ramblas de Barcelona. Casi todas las ciudades españolas han colocado bolardos o maceteros en zonas peatonales para impedir la entrada de vehículos.

En Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades se ha llegado a prohibir la circulación de camiones en fechas señaladas que concentran a una gran cantidad de gente en las calles, como por ejemplo en las cabalgatas de Reyes.

Aunque España no ha vuelto a sufrir un ataque terrorista en el último año, los cuerpos de seguridad del Estado sí han mantenido la presión sobre el yihadismo.

Solo en lo que llevamos de 2018 se han producido 14 operaciones policiales, que se han saldado con 19 detenidos, según datos del Ministerio del Interior, actualizados hasta el pasado 17 de mayo.

La mayoría de esas actuaciones contra el yihadismo se han llevado a cabo en Cataluña (6 operaciones y 7 detenidos), que sigue siendo el principal foco en la lucha contra el terrorismo islamista.

De hecho, el pasado 1 de agosto la Policía desarticuló una estructura para el reclutamiento de yihadistas en Mataró y dos marroquíes fueron detenidos como responsables de captar y radicalizar a futuros terroristas. Casi la mitad de los yihadistas detenidos o muertos en España entre 2013 y 2017 son de nacionalidad marroquí, concretamente el 46%, según datos del Real Instituto Elcano.

Pero a los detenidos en España hay que sumar otros 27 yihadistas arrestados fuera de nuestras fronteras en operaciones policiales conjuntas con cuerpos de seguridad de países extranjeros. Es decir, la Policía española ha participado en la detención de 46 yihadistas en 2018, según datos de Interior.

La colaboración policial y judicial entre los países de la Unión Europea es fundamental en la lucha contra el terrorismo yihadista y cada vez está siendo más fructífera.

El pasado mes de junio, España, Francia, Alemania y Bélgica, los cuatro países de la UE más golpeados por el yihadismo, anunciaron su intención de crear un registro judicial europeo para mejorar la coordinación en la lucha contra esta amenaza. El objetivo es facilitar el intercambio de información sobre potenciales sospechosos para mejorar su control.

Otro de los retos que plantea la lucha contra el yihadismo es evitar su propagación en las cárceles. Para ello, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha puesto en marcha nuevas medidas de seguimiento a presos yihadistas para evaluar mejor el riesgo de radicalización y de propagación de sus ideas.

Más de 270 personas se encuentran en cárceles españolas por delitos relacionados con el yihadismo y la mayoría de expertos coinciden en que los centros penitenciarios son caldo de cultivo para la radicalización y la captación de futuros terroristas.

"Es precisamente en estos centros de privación de libertad donde se hace frente ahora a varios de los principales desafíos que plantea el fenómeno yihadista: los de evitar que esos presos preventivos o ya condenados afiancen sus convicciones radicales, traten de propagarlas entre el resto de los internos y regresen a sus comunidades de origen constituyendo una amenaza igual o mayor para la seguridad pública", sostiene Álvaro Vicente, investigador del Programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto Elcano.

Es el caso, por ejemplo, del imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, el presunto cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils, que cumplió condena en cárceles de Ceuta y Castellón entre 2010 y 2014 por delitos relacionados con el tráfico de hachís y se radicalizó en prisión.

Álvaro Vicente alerta también de un nuevo problema que se avecina: la excarcelación de yihadistas: "En los próximos años, un elevado número de yihadistas detenidos en Europa occidental tras el estallido del conflicto en Siria será excarcelado. Reino Unido ha revelado que 80 presos de esa naturaleza recobrarán su libertad a finales de 2018, y en Francia otros 40 abandonarán sus centros penitenciarios en el próximo año y medio".

España también tendrá que hacer frente a este reto, subraya Vicente: "En nuestro país, 25 de los 107 yihadistas condenados desde 2015 han recibido penas de prisión inferiores a los tres años y medio, con lo que el fin de su internamiento se ha producido ya o lo hará en el corto plazo".

"No es la primera vez que España tiene que afrontar la excarcelación de yihadistas, pero nunca antes había tenido que hacer frente a un problema de esta magnitud", advierte.