Jesús Javier Valenzuela Recio, exjefe de la oficina de Tráfico de la Policía Local de Zaragoza, ha sido condenado a 4 años de prisión por 14 delitos contra la intimidad por grabar las partes íntimas de otras compañeras.

La Audiencia Provincial de Zaragoza considera probado que Valenzuela grabó durante meses por debajo de la falda a 14 compañeras en el despacho que ocupaba en el cuartel de La Paz, en Zaragoza.

El exjefe de tráfico fue detenido en septiembre de 2016 después de que varias trabajadoras interpusieran denuncias por supuestas prácticas irregulares. La Policía Nacional descubrió en su despacho varias cámaras en lugares estratégicos y en su ordenador y otros dispositivos encontró más de 5.000 fotografías y 200 vídeos con imágenes de la entrepierna de varias mujeres y su ropa interior. Algunos de estos documentos guardados con el nombre de las mujeres seguido de "culo", "piernas" o "bueno".

Junto a la pena de cárcel, Jesús Javier Valenzuela, que no es policía sino funcionario municipal, queda inhabilitado durante seis años para cualquier cargo público y tiene que pagar una multa de 4.320 euros.

La sentencia considera que es "obvio" que el condenado "se dedicó desde febrero del 2016 hasta septiembre de ese mismo año a grabar de cintura para abajo los cuerpos de catorce funcionarias".

Según explican los magistrados, el exjefe policial llamaba a su despacho "por motivo fútiles" a las administrativas que ese día vestían faldas o vestidos abiertos y las grababa con "un dispositivo electrónico tipo bolígrafo o pendrive". Además, consideran que su actuación evidencia "un torcido interés libinidoso en aras del cual vulneró la intimidad personal de sus subordinadas".

Durante el juicio celebrado en mayo Valenzuela reconoció que había colocado los dispositivos de grabación en su despacho, pero con el objetivo de captar posibles intimidaciones que pudieran hacerle debido a su cargo, era el responsable de la tramitación de todas las multas de tráfico de la ciudad.

"Lo hice para proteger mis intereses; tenía miedo de que los ciudadanos, compañeras de trabajo o los policías locales me pidieran cosas que yo no podía hacer como instructor del procedimiento" se defendió. Durante la vista oral, los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón descartaron que tuvieses una enfermedad mental y decretaron que exageraba sus trastornos.